Espionaje ilegal: El único plan en el gobierno de Macri

El expresidente Macri fue imputado por el armado de un plan sistemático de espionaje ilegal al Instituto Patria, sede de las reuniones de Cristina Fernández de Kirchner, en una causa que dio origen una denuncia presentada por la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño en 2020.

Por Jorge Néstor Juncal*

La causa de espionaje al Instituto Patria tramitó primero ante la justicia de Lomas de Zamora, porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había dirigentes políticos que pudieran ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la cumbre del G20. Luego la causa fue derivada a la Cámara Federal que volvió a sortearla, recayendo en el Juzgado Federal N° 8 del Juez Marcelo Martinez Giorgi y del Fiscal Jorge Di Lello, quedando registrada bajo el número 2916/2020, y alude a los delitos de “violación de correspondencia” y “violación del sistema informático”.

Los datos aportados por la exinterventora Caamaño determinó que, al menos desde el 2 de junio de 2016, la AFI de Gustavo Arribas realizó tareas de espionaje sobre correos electrónicos privados de 88 personas desde una computadora del propio organismo.

Además, se investiga la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 22520), en sus artículos 4 inc. 2, 5 y 43 de dicha ley. Después de dos años de iniciada la causa, en un dictamen que insumió más de 200 páginas, el fiscal federal Franco Picardi afirmó que se encuentra confirmada la participación de Arribas, Majdalani, números 1 y 2 del organismo de inteligencia del gobierno de Macri, y otras dos personas de la AFI en los hechos que se investigan en la causa, solicitando avanzar con la posible responsabilidad del expresidente.

"Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes del organismo de inteligencia entre 2016 y 2019, aseveró el fiscal federal.

El fiscal federal imputó a Macri de ser el supuesto responsable del armado de un “plan sistemático” de espionaje ilegal durante su gobierno, solicitando elevar la causa a juicio oral y público y avanzar con la investigación de la posible responsabilidad del expresidente, entre otros.

El fiscal federal Picardi sostuvo que hubo interés personal de Macri en llevar adelante actividades de inteligencia por fuera de la ley en 2018, dado que sus víctimas fueron su principal opositora política, la entonces senadora Cristina Fernandez de Kirchner, el Instituto Patria, su hermana, Florencia Macri y Salvatore Pice pareja de aquella, o el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon. Este último había declarado ante la justicia que las actividades de espionaje sobre su persona se dieron cuando investigaba al hermano de Macri, Gianfranco, por el caso conocido como Panamá Papers, y a su primo Ángel Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento. En dicha causa están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos y el jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, por presunto espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido supuestamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida mientras que, el titular de esa dirección, Martin Coste fue acusado solo por la producción de esos documentos.

En dicho dictamen, el fiscal federal sostuvo que Arribas y Majdalani “crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director a Alan Ruiz", con quien tenían una relación "directa y sin intermediarios”, es decir, “no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI".

Picardi va más allá en la fundamentación de su dictamen al sostener que la cadena de responsabilidades asciende en dirección a las máximas autoridades del gobierno de Cambiemos, al indicar que “Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas" ya que "provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich".

Además, el fiscal federal requirió que se indague sobre el rol de las “personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la trasmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal.”

“Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal", señaló el fiscal. Las actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional son “demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal".

Sin embargo, el fiscal federal aseguró, en una presentación aparte referida a esta “extracción de testimonios”, que dada la multiplicidad de causas abiertas por casos similares de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri".

En relación a como fueron encaradas las tareas de inteligencia ilegal, el fiscal federal Picardi puntualizó que "se realizaron bajo dos modalidades en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión". Un testigo de identidad reservada reveló la misión que se le había encomendado en el marco de estas actividades ilegales:

“Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo", que intentaron justificar ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después, argumentando que se trataba de acciones preventivas sobre la posibilidad de que Cristina fuera blanco de un ataque en el marco de la cumbre internacional del G20 llevada a cabo en Buenos Aires por aquellos días. Picardi recordó que durante el gobierno de Macri se le devolvió el carácter de reservados a los fondos destinados al organismo, hecho que, a consideración del fiscal, dotó de “opacidad” para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.

*Abogado UM