Democratizar la Corte Suprema de Justicia

En la sesión de la Cámara de Senadores del día 22 de septiembre, le dio media sanción a la iniciativa que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo. Si bien la Cámara alta convalidó el proyecto de ley por simple mayoría, falta saber como lo hará la Cámara de Diputados, donde diversos sectores del arco opositor se muestran refractarios a la idea de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal.

Por Jorge Néstor Juncal*

A mediados de este año, la iniciativa oficialista que aumentaba a 25 el número de miembros contaba con el apoyo de los gobernadores peronistas y había obtenido dictamen de comisión, pero no pudo ser debatida en el recinto por falta de quorum necesario para ello. Durante el transcurso de la última semana, el bloque oficialista aceptó reducir de 25 a 15 el número de integrantes de la Corte, hecho que posibilitó el respaldo de dos aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck que estaba a favor de dejar en 16 el número de jueces; la riojana Maria Clara Vega más preocupada por sostener la paridad de género entre las y los integrantes del máximo tribunal; y el puntano Adolfo Rodriguez Saá, que estaba a favor de un tribunal de 9 miembros.

Senador formoseño Mayans, jefe del interbloque oficialista, enfatizó su respaldo a la iniciativa tras advertir que resulta “un hecho gravísimo” para la democracia que “un poder se arrogue una superioridad sobre los otros dos poderes del Estado", que "es lo que está pasando en la República Argentina en estos momentos", luego agregó "Nadie puede negar que en el Gobierno anterior hubo una intención de persecución contra sindicalistas, políticos y empresarios y que se utilizó como herramienta a la justicia".

Mayans acusó a la Corte que tome decisiones injerencistas respecto a otros poderes del Estado como cuando declaró la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura luego de 15 años de haber recibido esa causa y acto seguido puso en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso.

Los senadores Mayans y Fernández Sagasti, impulsores de la iniciativa, sostuvieron que un mayor número de integrantes de la Corte “permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” para “fortalecer la inmediatez con los expedientes” y “abreviar los extensos plazos que lleva la tramitación de los recursos y demás presentaciones”.

Respecto al número de integrantes del máximo Tribunal, los senadores enfatizaron que “Resulta importante que el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación guarde alguna relación con la población.

“Cuando en 1863 se constituyó la primera Corte con 5 miembros, la población total era de 1.200.000 habitantes, número que hoy se multiplicó casi cuarenta veces.”

Nuestra Corte Suprema recibe por año un enorme cúmulo de expedientes para resolver que tornan imposible su misión por más buena voluntad que se quiera poner en la tarea. “Resulta materialmente imposible para un magistrado siquiera leer 21.000 expedientes durante un año, y menos aún fallarlos, pues para hacerlo, se deben dictar cerca de 2000 sentencias por mes, algo así como 100 sentencias cada día hábil.”

Por otro lado, el proyecto aborda la democratización de su composición al proponer paridad de género, sobre 15 integrantes del nuevo Tribunal, 7 u 8 serían mujeres. Esto es un avance significativo, habida cuenta que a la fecha somos el único país de la región donde el máximo tribunal no cuenta con, al menos, una jueza.

Una justicia con perspectiva de género resulta fundamental en estos tiempos, mas aún, si nos detenemos en considerar cambios en la cúpula del Poder Judicial, como lo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abordaje de situaciones de violencia de género, abuso sexual infantil, obligación alimentaria de los progenitores, entre otras, como también, la creciente implementación de políticas en estas materias y las transformaciones que se fueron dando, deviene natural que la respuesta de la administración de Justicia deba ser adecuada a una mirada feminista.

Dicho esto, y considerando los argumentos reseñados, es fácil deducir que la intención de obturar la iniciativa por parte de sectores de la oposición se deba a cierto alineamiento con factores de poder que busquen conservar privilegiados resortes de la justicia que dan por descontados. Resulta una contrariedad manifiesta que el máximo tribunal disponga de sentencias “a la carta” para empresarios poderosos y medios hegemónicos, mientras rechaza con discrecionalidad intencionada los recursos o planteos del resto de los justiciables haciendo uso y abuso del articulo 280 del Código procesal o dilatando hasta la exasperación el tratamiento de las causas de interés común de la ciudadanía.

Concibiéndose en mandatarios de la clase dominante, y considerándose una minoría calificada a manera de pretor romano, sostienen sin ningún prurito “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, visión anacrónica y elitista desde donde, desdeñosamente, se encaraman sobre los derechos de las personas. Expresiones desafortunadas, como las reseñadas por el presidente de la Corte, además de insultar provocativamente la memoria de Evita, resultan aberrantes sin duda, es una prueba más que fehaciente, de cuál es el poder que lo sostiene y a que intereses responden los actuales miembros del máximo tribunal.

¿Será hora de dar el gran paso que como sociedad nos debemos, para impulsar una profunda reforma del sistema judicial?