El expresidente fue citado a declaración indagatoria a la que se suma la medida de prohibición de salida del país en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del ARA San Juan en 2017.
[EHM]
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan se había iniciado a raíz de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.
El acoso del régimen macrista hacia los familiares se realizó mediante el hackeo de los celulares de sus integrantes. Los familiares habían detectado una serie de fallas en la comunicación de sus móviles, por ejemplo cuando sus teléfonos celulares se recalentaban no estando en uso, mensajes que aparecían leídos sin que así el dueño del celular siquiera posara su mirada sobre el aparato, seguimientos y la sensación de que las autoridades macristas sabían de antemano todos sus movimientos.
Los elementos de prueba aportados a la causa por la Dra. Caamaño, interventora de la AFI, habían sido hallados en la base Mar del Plata del organismo de inteligencia. En la resolución de su fallo, que consta de 166 fojas, el magistrado sostuvo que, en principio,
"Determinar la transgresión a la Ley 25.520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina" y añade de modo especifico "Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias.”
En concreto el juez señala que "Se le imputa haber ordenado y posibilitado" la realización de "numerosas" maniobras de espionaje interno ilegal "con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan".
Así también, el juez federal Bava procesó sin prisión preventiva a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes embargó en 20 millones de pesos cada uno y a otros imputados, que actuaron como participes necesarios desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata.
Respecto a estos últimos, el juez federal Bava advirtió que la cadena de responsabilidades llegaba al máximo nivel.
“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri.”
Mas adelante el juez sostuvo que el entonces presidente de la Nación era el receptor del análisis de la información de inteligencia indicando que “no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político".
El juez Bava remarcó que las tareas de inteligencia ilegal perpetradas contra los familiares de los submarinistas fallecidos "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", en obvia alusión al interés superior de Macri en conocer las acciones que realizaban los familiares en reclamo de sus seres queridos. Luego, el juez Bava enumeró de manera taxativa cuales eran las acciones ilegales que se cometieron y que objetivos se perseguían a nivel oficial. "Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes".
En otro párrafo del fallo, el magistrado pone de relieve la gravedad institucional que significó el espionaje ilegal del gobierno de Macri, que es materia de juzgamiento “Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del poder judicial investigarlo y sancionarlo", y agregó, la "gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido".
El juez Bava detalló con minuciosidad, seis hechos concretos de espionaje ilegal ocurridos durante 2018 con seguimientos, filmaciones y fotografías a familiares de tripulantes del ARA San Juan en distintos actos que realizaron en reclamo de justicia, muestra evidente de seguimiento y persecución. Sin embargo, el magistrado anticipó que no solo interrogará a Macri por hechos de espionaje ilegal contra los familiares de tripulantes del ARA San Juan, sino también lo hará, respecto de dos barcos pesqueros, el “Rigel” y “El Repunte” que se hundieron en 2018, hechos que presuntamente fueron cometidos desde una base de inteligencia en Mar del Plata. En ese sentido, el magistrado enfatizó "No deja de sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques Rigel y El Repunte, que solo buscaban –y buscan- saber qué pasó con sus seres queridos".
El juez federal señaló que el espionaje ilegal “fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado, las que eran producidas para información del imputado". Con relación a los damnificados de tales hechos, el magistrado indica que "se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente", remarcando que " las acciones privadas se encuentran vedadas de cualquier intervención estatal, sin importar el ámbito en el que sean desarrolladas".
Como era de esperar, una vez conocido el fallo, los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan festejaron la decisión de la justicia, encomiando la labor del juez federal de Dolores. Esta no es la primera vez que a Mauricio Macri se lo cita a declarar en una causa por espionaje ilegal desde que concluyó su mandato como presidente de la Nación, ya que, anteriormente, en 2010, cuando era jefe de Gobierno Porteño, había sido indagado en otra causa por escuchas telefónicas ilegales, causa de la cual, después de estar más de cinco años procesado, fue sobreseído “en forma definitiva por falta de pruebas” por el juez federal Sebastian Casanello, el 29 de diciembre de 2015, días después de haber asumido la primera magistratura.
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