El abogado Beraldi, representante de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, como querellante en la causa, presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación para frenar la remisión de la causa por espionaje a el instituto Patria, el domicilio particular de la ex Presidenta y las acciones llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza. La decisión del camarista Borinsky suspende provisoriamente la decisión de su misma Sala.
Por Jorge Néstor Juncal*
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El viernes pasado la Sala IV de la Cámara de Casación penal, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia de Angela Ledesma, había ordenado que se remitieran a los tribunales federales de Comodoro Py, las actuaciones por la vigilancia al Instituto Patria al domicilio particular de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, tareas de inteligencia y espionaje ilegal del grupo de agentes “Super Mario Bros” y las acciones llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario (SPF), haciendo lugar al pedido de los imputados Gustavo Arribas, ex titular de la AFI macrista y de Dario Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
Recordemos que el juez Juan Pablo Augé, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora, a cargo de dicha causa, el año pasado había procesado a los ex jefes de la AFI macrista, Silvia Majdalani y a Gustavo Arribas, además de embargar por dos millones de pesos, al ex director de operaciones, Alan Ruiz, como también, a Martin Coste, ex jefe de contrainteligencia de la AFI del gobierno de Cambiemos, reteniéndoles sus pasaportes y prohibiéndoles la salida del país.
En aquella resolución les había endilgado a los máximos responsables de la AFI macrista haber impartido órdenes “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018”, y particularmente, al ex jefe de contrainteligencia, lo colocaba en el rol de coordinador del grupo de agentes que realizaron actividades de espionaje ilegal. Estas imputaciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de La Plata. En aquella instancia, el magistrado había definido a aquel “grupo de tareas”, llamado en la jerga interna de los agentes con el nombre “Super Mario Bros”, como “grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia” que realizaban tareas de inteligencia y espionaje ilegal.
Además, el juez Augé detalló que las actividades del grupo consistían en “llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.
Ante el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, que resuelve pasar la causa a los Tribunales Federales de Comodoro Py, el Dr. Beraldi, abogado de la vicepresidenta, querellante en dicha causa, enfatizó que “la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad”, y reclamó la intervención inmediata de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que “emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales”.
Sus declaraciones no quedaron a mitad de camino, por el contrario, se tradujeron en la interposición de un recurso ante la misma Cámara, donde señaló, como parte querellante en la causa, que:
“Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por la ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones”.
Beraldi señaló las implicancias y aspectos negativos del pase de las actuaciones a los tribunales de Retiro, “el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos; la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes” que según opinión del letrado “En definitiva, una puesta en conocimiento y posible revaluación del curso de las actuaciones que sólo podría traducirse en un retraso importante”.
La presentación del recurso extraordinario de Beraldi, motivó la adopción de una decisión transitoria por parte del presidente de la Sala IV, juez Mariano Borinsky, quien habilitó el tratamiento del recurso interpuesto en contra del fallo de su propia Sala, fundando su resolución en que el mismo fue presentado dentro de los plazos establecidos, cumpliendo los requisitos formales para su tramitación, por lo cual, genera “efectos suspensivos” sobre la decisión recurrida.
Asi mismo, se le indicó al juez federal Augé de Lomas de Zamora, que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones que éste le remitiera la semana pasada. El juez Auge solo había remitido los expedientes digitales de las causas, reservando los expedientes físicos hasta el momento en que quedara definido el juzgado.
Por ello, sería más que deseable, que el Dr. Augé, durante la tramitación del recurso, avanzara en la toma de decisiones en la causa, ya que quedaron sin resolver los pedidos de procesamiento a los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como también una treintena de imputados, según el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
A partir de la resolución del juez Borinsky, la sala IV tiene 10 días para definir si se le habilita la vía para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en caso de que así no sea, el Dr. Beraldi ya anunció que recurrirá en queja ante la misma Corte.
Una vez mas, hacemos votos para que la Justicia Federal, y en su defecto la Corte Suprema, tomen decisiones que se ajusten a las garantías del debido proceso, plasmadas en nuestra Constitución Nacional, hecho auspicioso que posibilitará pacificar a la Nación en el marco del Estado de Derecho.
*Abogado UM
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