Baradel, otro sindicalista perseguido por la “Gestapo” macrista

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, recibió de manos de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pruebas de la persecución sobre su persona y el gremio que conduce, durante los gobiernos de Macri y Vidal. El proyecto AMBA como herramienta electoral del macrismo para ganar las elecciones de 2017 en territorio bonaerense.

[EHM]


Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, entregó al dirigente sindical docente, Roberto Baradel, profusa documentación colectada en siete biblioratos que darían cuenta del minucioso seguimiento del que fue víctima durante 2017, tanto él como su gremio, por parte de los gobiernos nacional y provincial en cabeza de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal. 
El organismo había recopilado información relacionada con él, pero también sobre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y sobre la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) colectadas en siete carpetas con informes realizados por distintas dependencias de la exSIDE durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex director y ex subdirectora de ese organismo.
El material recopilado que fue entregado al sindicalista docente es casi un cuaderno de bitácora de lo que éste hacia a diario de su vida. Sobre el particular Baradel afirmó “Fue un espionaje absolutamente ilegal y que tiene que ver con la persecución que sufrimos durante el gobierno de Mauricio Macri”

Espionaje ilegal para ganar territorio bonaerense


En 2017, la principal preocupación del macrismo en el poder era tener una buena performance electoral, motivo por el cual se dispuso a armar una estructura de espionaje ilegal en territorio bonaerense para perseguir a organizaciones políticas, sindicales y sociales. Este armado salió a la luz como una derivación de la causa “D’Alessio-gate”, donde pudo comprobarse la realización de actividades ilegales por parte de al menos unos 70 agentes de inteligencia contratados por la exgobernadora Vidal para el denominado “Proyecto AMBA”. La consigna de Vidal era “combatir al crimen organizado”, y bajo la excusa de la investigación de crímenes federales complejos, como la trata de personas o el narcotráfico, su gobierno se disponía a espiar políticos, sindicalistas y dirigentes sociales entre 2016 y 2017, para hacer pie en el distrito que representa el 37 % del padrón electoral nacional. Lo cierto es que el nivel de intromisión fue tal, que el macrismo no reparó en perseguir a cuanto espacio considerara opositor. Los agentes realizaron seguimientos sobre dirigentes políticos, organizaciones sociales, comedores populares y manifestantes que pedían la aparición con vida de Santiago Maldonado en 2017. 
El proyecto Macri-Vidalista de espionaje ilegal consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, especialmente en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. A estas 6 bases se le sumaron tres bases preexistentes en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. 
Las tareas de despliegue de las 9 bases de inteligencia eran coordinadas desde la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, dependencia donde se le efectuaba reportes diarios de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales, los cuales se elevaban directamente a la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, quien luego se los compartía a los máximos niveles gubernamentales.

2017: año electoral y dura paritaria docente


En aquel año, la disputa electoral estaba centrada en los dos candidatos que llevaban la mayor preferencia del electorado bonaerense; por un lado, Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos, por ese entonces ministro de Educación de Macri, y por el otro, Cristina Fernandez de Kirchner representando a la oposición por Unidad Ciudadana. Como era de esperar, la negociación de la paritaria docente de 2017 resultó tensa entre el gobierno y los sindicatos, recién terminó de resolverse en el mes de julio. Según las pruebas reunidas en el juzgado federal de Dolores, los espías seguían con especial interés las negociaciones salariales, y se inmiscuían en las elecciones internas del gremio con el ánimo de sabotear y torcer voluntades. De los archivos colectados por Caamaño surgen elementos que validan la persecución a Baradel, por ejemplo, en 2016, a una de las hijas de Baradel le advirtieron: “Decile a Baradel que firme la paritaria por el valor propuesto antes del comienzo de las clases porque si no va a ser boleta”. Mientras tanto, Macri se dedicaba a fustigar al gremio docente que no se avenía a lo que establecía su gobierno como pauta salarial para ese año. El 1 de marzo, en ocasión de la Apertura del 135° Período de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, el expresidente Macri se burlaba de Baradel quien era blanco de graves amenazas diciendo “no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, mientras la exgobernadora Vidal convocaba a “voluntarios” docentes y no docentes para ocupar los lugares de maestras y maestros que estaban en pie de lucha para mejorar sus ingresos. Además, la exgobernadora Vidal llegó al extremo de ordenar que la Policía bonaerense se apersonara en algunos establecimientos educativos a modo de amedrentamiento, tal como lo hacía la dictadura cívico militar genocida para cercenar el derecho a huelga y desaparecer dirigentes gremiales. 
Baradel no dejó de recibir amenazas, por el contrario, en 2018 le hicieron saber: “Ahora vamos por vos y por tu sindicato (..) Te podríamos matar a palazos en la calle en medio de una de tus manifestaciones que la gente nos aplaudiría”. 
Durante ese mismo año, Baradel recibía otra amenaza mafiosa contra su persona, un correo electrónico anónimo que expresaba: “Podemos pegarte un tiro en la calle y venderlo como un hecho de inseguridad más”. En abril de ese año se concretó la represión hacia los principales dirigentes del gremio docente, por el Suteba, Roberto Baradel, Eduardo Lopez de la Unión de Trabajadores de la Educación y dirigentes de Ctera, mas 500 maestras y maestros de CABA y provincia de Buenos Aires quienes habían instalado una “escuela itinerante” frente al Congreso como respuesta al magro presupuesto educativo del macrismo y en defensa de la educación pública. En aquella amarga jornada de lucha, los trabajadores y trabajadoras docentes se expresaban cantando “Luche, que se escuche” “No caímos, no caímos, a la escuela pública la elegimos.” Como resultado de las protestas, cuatro docentes fueron detenidos por la policía Metropolitana, Miguel Acuña, Juan José Mauro, Pablo Aschero y Carlos Díaz, dos de ellos permanecieron arrestados como vulgares delincuentes en la comisaria 6 y los otros dos en la comisaria de la Policía Metropolitana de Parque Patricios, mientras Diputados de la Nación y legisladores de la Ciudad reclamaban su liberación. Habiendo sido hostigados por el hecho de realizar una jornada pacífica de protesta frente al Congreso, trascartón el macrismo les inició causas penales por resistencia a la autoridad y lesiones, todo un mensaje mafioso para obligarlos a desistir de su reclamo. En suma, el sindicato del Suteba es querellante en la causa del “Proyecto AMBA”, en manos del juez federal Julian Ercolini, aún resta por saber si el gremio utilizará la documentación entregada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño para ser acompañada como novedad probatoria en ese expediente o servirá para iniciar una nueva denuncia penal, finalmente, se seguirá el criterio de los abogados de la entidad sindical.

Publicar un comentario

0 Comentarios