La depredación pesquera en el “Agujero azul”, una cuestión de soberanía

La sección oriental del “Agujero azul” situada en aguas internacionales, es víctima de una pesca indiscriminada y depredatoria, que pone en jaque los recursos de los argentinos y la biodiversidad del mar.

Por Jorge Néstor Juncal*

El Agujero Azul es un área particular del Talud Continental, que tiene una superficie aproximada de 6.600 km2 y está situada a unos 500 km al este del Golfo San Jorge entre los paralelos 45°S y 47°S y los meridianos 60°O y 61°O. La sección oriental de esta área se encuentra en aguas internacionales. Es una región de alta productividad primaria y área de alimentación de varias especies de gran importancia económica como la merluza, la anchoíta, la vieira patagónica y el calamar, como también de muchas especies de aves y mamíferos.

La pesca del calamar en esta zona, sector lindero a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), es la captura por excelencia de la actividad pesquera extranjera, pero no se resume solo a esta especie, ya que hay abundancia de otros recursos biológicos. Al límite de la Zona Económica Exclusiva, lo que se conoce como la milla 201, flotas de buques factorías de origen chino, rusos y españoles entre otros, practican lo que se llama “pesca de arrastre” que mediante redes del tamaño de una cancha de futbol arrasan todo el fondo del Atlántico Sur, sin discriminar en especies ni tamaños. A la vez que embolsan millones y millones de dólares por estas prácticas depredatorias, dejan solo desperdicios que afectan la biodiversidad en nuestro mar y zonas circundantes. En el mes de marzo Greenpeace realizó un monitoreo en la zona, a través de imágenes satelitales, que reveló la concentración de buques pesqueros en el llamado “Agujero Azul”, la frontera entre el Mar Argentino y las aguas internacionales. La coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, Luisina Vueso señaló

“Es un corredor biológico muy rico y productivo que atrae las flotas de todo el mundo. Al no existir ningún tipo de regulación o marco legal, la pesca que se realiza es muy intensiva y destructiva.”

La organización ambientalista logró detectar 470 embarcaciones extranjeras, entre ellas cuatro buques tanques para aprovisionamiento de combustible y ocho buques frigoríficos, que almacenan las capturas de los buques pesqueros para darle destino a algún país. La industria pesquera en alta mar, es una práctica no regulada que admite actos ilegales con total desparpajo y tratos inhumanos al personal embarcado con total impunidad. A menudo el personal de la pesca en alta mar es sometido a trabajos forzosos que se asemejan a una especie de esclavitud moderna, de la que no pueden zafar porque se encuentran atrapados en el medio del océano, sin poder disponer de su libertad de dejar de trabajar.

La depredación ictícola se muestra crudamente cuando se visualiza la concentración de buques extranjeros en esta zona pródiga en recursos, compartida por el Mar Argentino y aguas internacionales, frente a los buques que se encuentran en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Así lo afirma la coordinadora Vueso de Greenpeace,

“Los barcos empiezan a llegar en noviembre, y la pesca del calamar o merluza negra arranca en enero y sigue hasta junio. Por estos momentos hay una concentración enorme. Nosotros identificamos casi 500 pesqueros en una superficie de 5000 km2, mientras que, dentro de la Zona Económica Exclusiva de un millón de kilómetros cuadrados, no llegamos a contabilizar 200 buques. Eso da una idea de la destrucción que se provoca en la zona.”

Además de la subexplotación de la pesca en el Mar continental, hecho que merece ser revertido para mejorar la mesa de los y las argentinas, el impacto de la pesca intensiva sobre la biodiversidad y la cadena alimentaria de las especies de la zona es inconmensurable. De allí, la necesidad de realizar un trabajo concienzudo no solo para dotar de sustentabilidad al ecosistema, sino también darle relevancia económica a la actividad ictícola.

Otro tema acuciante, es el “descarte” pesquero que consiste en la devolución al mar “sin vida” de aquellos ejemplares que quedan atrapados en las redes que son utilizadas para pescar otras especies, y los ejemplares pequeños de las especies que sí serán comercializadas. La ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca (RFP), establece en su artículo 21 que queda especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, los siguientes actos: arrojar descartes y deshechos al mar, en contra de prácticas de pesca responsables”. Si vemos que la tonelada de langostino cuesta 7000 dólares, contra los 2000 de la merluza, es fácil suponer cierto criterio de selección de los buques pesqueros por aquello que dé mayor ganancia, sin que se depare en sus consecuencias. Asimismo, cuando “las capturas son muy grandes, el pescado se aplasta, se estropea, y esa es otra razón para tirarlo, pero sobre todo se trata de prácticas arraigadas”, es sabido que los pescadores “compiten entre ellos, pero sin tener en cuenta la capacidad de procesamiento”, lo afirma Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Según informes disponibles del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) “cada año la industria devuelve al mar más de 110 millones de kilos de merluza en buen estado, porque no son del tamaño ni del valor comercial deseado o, simplemente, porque las bodegas ya están llenas.”

En un país donde no sobra la proteína animal, y existen tantos comedores comunitarios que realizan un esfuerzo sobrehumano en alimentar a miles de hermanos y hermanas, resulta inmoral que el “descarte” de pescado “no comercializable”, práctica prohibida por el artículo 21 inc. m y n del Régimen Federal de Pesca, sea un hábito consuetudinario de la pesca en alta mar, tanto dentro del Mar Argentino (ZEE) como en la zona llamada Agujero Azul. Este “descarte” tiene lugar cuando los pesqueros realizan capturas de ejemplares de talla inferior a la normativa vigente o en caso de sobrepesca, excediendo el volumen de la cuota individual de captura.

Es de esperar que este año Diputados trate el proyecto de Ley “Creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul”, cuya autoría es de los diputados Graciela Camaño y Leonardo Grosso, que propone la creación de un área marítima protegida en la zona, lugar donde yacen los restos del Submarino “ARA San Juan” y descansa en eterna custodia de nuestra soberanía su “heroica tripulación”, incorporándola al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Ley 27.037. Hacemos votos para que nuestros legisladores traten este proyecto de ley, dejando de lado mezquindades político-partidarias y se avengan a poner coto a la depredación de recursos en el “Agujero Azul”, que se considere al mar y sus recursos, como política de Estado, brindando sustentabilidad a la actividad pesquera y robusteciendo la soberanía nacional sobre nuestro mar continental.

*Abogado UM