El Gobierno Nacional remitió el viernes pasado al Senado, como cámara de origen, un proyecto de Ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria. Se vuelve a la formula virtuosa que estuvo hasta 2017 y que Macri buscó vulnerar con una reforma de aplicación conflictiva.
Por Jorge Nestor Juncal (*)
El Presidente Alberto Fernandez envió al Senado el proyecto de Ley que cambia la fórmula de movilidad jubilatoria, en el cual trabajó una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde marzo 2021, una vez que fenezca el período de emergencia económica. Según se estima en el ámbito legislativo, el proyecto llegaría al Senado en la segunda semana de diciembre para lograr su sanción antes de fin de año.
La iniciativa del Ejecutivo busca volver a la fórmula virtuosa vigente en el gobierno de Cristina (2007-2015), donde los jubilados y pensionados le ganaron a la inflación. El proyecto, del que se conocieron detalles hace 20 días, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios, llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) (50%) y de la recaudación (50%). La iniciativa consta de tan solo 8 artículos que serán debatidos esta semana en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara Alta en la segunda semana de diciembre, a efectos de permitir que la Cámara de Diputados pueda sancionarla antes de terminar el año. Así se expresó Marcelo Casaretto, presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional del Frente de Todos:
“El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por este índice en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación”.
El texto del proyecto demandó la realización de 17 reuniones y la disertación de 24 expositores, quedando plasmado en una propuesta de 131 páginas que elevó dicha comisión. El mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto, firmado por el Presidente AF, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martin Guzman y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, señala que “Debe tenerse en cuenta que la formula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción Argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político. Se expresa en un proceso que tiene como norte no dejar atrás a los sectores más vulnerables de la población y que precisamente por ello requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones.”, para luego agregar que se busca “retomar el criterio que pondera en un 50% salarios y en un 50% la recaudación tributaria, con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento.” Destacando que “La consideración de la RIPTE como único índice salarial y la consideración de valores homogéneos de las variables involucradas en la fórmula para calcularlas entre dos períodos, de manera tal de evitar que los resultados sean sensibles a decisiones de política tributaria o políticas de la seguridad social, así se minimizan efectos no deseados sobre la movilidad derivados de cambios en la política tributaria, en la distribución federal de recursos o en las condiciones de acceso a los beneficios.”
El proyecto propone la vuelta a una actualización semestral que permitirá, no solo “acompañar un proceso de desindexación de la economía” sino también “reducir en tres meses el rezago de las principales variables involucradas.” Además se reconoce el carácter sustitutivo de las prestaciones jubilatorias en relación al salario de un trabajador activo, al tomar en consideración la ponderación del 50% de la evolución salarial que se negocien en paritarias.
Se facilita también, “que en períodos de crecimiento económico los jubilados y pensionados puedan participar con justa razón de las mejoras salariales y del crecimiento económico.” Por último, el mensaje del Poder Ejecutivo indica que “el salario, al estar ligada su actualización a las negociaciones colectivas entre el sector trabajador y el sector empleados, favorece la cohesión y justicia social enlazando los intereses de nuestros adultos mayores en situación pasiva con los de la fuerza laboral activa. La fórmula del Poder Ejecutivo tiene como antecedente directo la establecida en la Ley 26417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, durante el gobierno macrista. El Gobierno busca reemplazar a la suspendida Ley 27.426 sancionada durante el gobierno de Macri que ponía el eje en la evolución de la inflación, sin tener correlación alguna entre la movilidad jubilatoria y los recursos disponibles. Recordemos que la fórmula insustentable del ex presidente Macri, perjudicó los ingresos del sector pasivo, los cuales, en tan solo dos años de vigencia de la ley, perdieron un 19,5% de su capacidad de compra respecto a la inflación. El Gobierno Nacional sostiene que el nuevo esquema “permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios”. Para muestra basta un botón, la anterior administración Macrista, no solo destruyó un 20 % los ingresos previsionales sino también, dilapidó a través de continuos negociados e inversiones el 48,5% del capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el que se financian todas las prestaciones de la Seguridad Social. A la hora de hacer Justicia, el Gobierno busca que la nueva fórmula enviada al Congreso recupere la misma evolución virtuosa de los haberes que alcanzaron los jubilados entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 % por encima de la inflación.
(*) Abogado UM
0 Comentarios