Para entender la reforma judicial

El Presidente AF anunció ayer en la Casa Rosada el proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal, acompañado de miembros del flamante Consejo Consultivo de asesores, parte del gabinete y legisladores nacionales.

Por Jorge Néstor Juncal

En el día de ayer el Presidente AF presentó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el “Proyecto de
Organización y Competencia de la Justicia Federal”, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, acompañado por el Consejo Consultivo. Este Consejo consultivo estará constituido por 11 juristas especializados en distintas ramas del derecho: Carlos Alberto Beraldi, Ines Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Dominguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, Maria del Carmen Battaini y Omar Palermo. Estos juristas asesorarán a AF sobre aspectos claves de la Administración de Justicia, como optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional, modernizar el Código Penal de la Nación y fortalecer el rol del Ministerio Público, entre otros temas. Recordemos que el Presidente AF, en su discurso del 1° de marzo de 2020 en ocasión de la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso, había enfatizado sobre la importancia de impulsar una reforma judicial que termine con los males que arrastra hace tiempo la Justicia Federal:

Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho

Volviendo sobre esa “Idea Madre”, en su discurso en la Casa Rosada, el primer magistrado enfatizó sobre la necesidad de “organizar mejor la justicia federal y superar la crisis que afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal.” Para luego agregar, alejando suspicacias del establishment en relación con causas que se encuentran en trámite, que “la totalidad de los juicios en curso quedarán en jurisdicción de los jueces que actualmente le estén tramitando”. En otra parte de su discurso, AF se refirió, en forma elíptica, a lo que en la jerga judicial se conoce como “fórum shopping”, expresión que se usa para mencionar el sorteo de causas predestinadas a un grupo selecto de magistrados con vínculos políticos y mediáticos “aceitados”:

Buscamos superar que el poder decisorio se reduzca a un pequeño número de magistradas y magistrados, que en la actualidad tienen la posibilidad de conocer y decidir sobre la mayoría de las causas con relevancia institucional y mediática.

Los principales lineamientos del proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal versan sobre estos tópicos:

• Creación de una Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
• Se propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.
• La unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento.
• Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.
• La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.
• Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.
• Se crea al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, se recurrirá a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Este Consejo deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.
• Este proyecto recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martinez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.
• La ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.

Un proyecto de reforma, que ambiciona una verdadera refundación del fuero federal, con loables propuestas para tal fin, como: dignificar la magistratura judicial en la que solo califiquen los dignos y probos; consolidar una justicia independiente lejos de presiones políticas o corporativas que lo condicionen; restablecer el pleno imperio del Estado de Derecho; en defensa de los principios constitucionales de inocencia, defensa en juicio e igualdad ante la Ley, mancillados hasta el hartazgo por doctrinas que respondían a intereses inconfesables; que todo se traduzca en una mayor transparencia, pero sin desestimar la celeridad y eficiencia en la resolución de las causas. Por último,  resultado de una construcción colectiva, que la justicia federal recupere la credibilidad perdida. Como conclusión evoco las palabras de aquel jurista de quilates que representó para el Peronismo el maestro Arturo Enrique Sampay, quien en su obra “Constitución y Pueblo” parafraseando al gran filósofo griego, Aristóteles, que consideraba a la “felicidad” como un “supremo bien humano”, nos decía:

De la idea de este supremo bien humano se extrae el concepto de Justicia, que es un valor subalterno con respecto a la felicidad pero de ineludible realización prioritaria, pues su finalidad es lograr que cada ser humano tenga los bienes exteriores necesarios para estar en condición de alcanzar la felicidad, según ya lo tenemos dicho.