Jujuy y el huevo de la serpiente

El afamado director cinematográfico Ingmar Bergman titulaba uno de sus recordados filmes “El huevo de la serpiente” como metáfora para interpretar lo que acontecía en Alemania en los albores del nazismo en 1923.

*Por Jorge Néstor Juncal

Por aquel año, a tono con el ascenso de Hitler al poder, podía vislumbrarse a través de la cáscara traslúcida de un huevo de serpiente como en la etapa de gestación puede verse al ofidio plenamente formado en su interior.

¿Será que a pesar de todo lo que está aconteciendo en la provincia de Jujuy, como todavía no hemos alcanzado a dimensionar el peligro que se yergue sobre nuestra patria, si en las próximas elecciones Juntos por el Cambio tiene la fortuna de alzarse con la victoria?

De allí que cuando consideramos que hay dos modelos en disputa en estas elecciones, caemos en un oxímoron o concebimos erróneamente lo que entendemos por Democracia.

De ninguna manera, la carencia de estado de derecho y la vuelta a las mazmorras de la dictadura puede ser una alternativa democrática viable a sopesar, por el contrario, ese modelo autocrático debe combatírselo sin pausa y sin descanso, si pretendemos que el pacto democrático sellado por nuestra sociedad hace casi 40 años tenga futuro.

Asumir la disputa democrática como una elección entre la vida o la muerte, es no solo poner en juego este común acuerdo de 1983, sino aventurarnos a un suicidio colectivo como nación y sociedad.

El régimen de excepción que impuso Gerardo Morales en Jujuy no vio la luz en estos días, se cuece a fuego lento desde hace 7 años.

Prueba de ello es la compañera Milagro Sala continúa soportando el hostigamiento del gobierno de Morales y las autoridades judiciales que, a modo ejemplificador, buscan deteriorar sistemáticamente su salud psico-física, sin importarles las exigencias impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni las graves consecuencias que puede acarrear semejante accionar.

Criminalizar la protesta

Hace menos de un mes, la verba violenta y descarnada del gobernador Gerardo Morales llamando al “orden”, hizo desencadenar una feroz represión sobre movimientos sociales, pueblos originarios y docentes que se manifestaban en reclamo de mejores salarios, y contra la aprobación de la reforma parcial de la carta magna provincial que abolía el derecho a peticionar a las autoridades, garantía de rango constitucional.

Entre gallos y medianoches, en un tratamiento de reforma constitucional por demás expeditivo y sin participación ciudadana, una mayoría de constituyentes jujeños conculcaba el derecho de protesta contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y considerado un derecho esencial en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948.

Desde que se han desatado los acontecimientos, la policía jujeña ha reprimido con balas de goma, disparando a los ojos, lanzando gases lacrimógenos, haciendo allanamientos sin órdenes judiciales en camionetas sin patentes para no ser individualizadas.

Los cortes de rutas, al menos 10 en estos días, siguen activos por reclamos laborales debido a que el gobernador Morales, a modo de extorsión, remite menos partidas para el pago de salarios en Abra Pampa y La Quiaca, departamentos donde los Concejos Deliberantes votaron en contra de su reforma constitucional.

Vulneración de la autonomía universitaria

En este marco de violencia institucional el gobernador Morales autorizó la ilegal intromisión de efectivos policiales “sin identificación” a la Universidad Nacional de Jujuy, en momentos en que se desarrollaba una sesión del Consejo Superior, órgano máximo de la casa de altos estudios.

La ilegal arremetida de la policía de Morales a los claustros universitarios, cumpliendo supuestas órdenes de la “Brigada” para requerir información sobre corte de calles, hace recordar los sucesos ocurridos en la “noche de los bastones largos” del 29 de julio de 1966.

Lo allí acontecido, resulta una violación lisa y llana a la autonomía y autarquía que ostentan las universidades nacionales, garantías establecidas en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional y una clara inobservancia del artículo 31 de la Ley de Educación Superior que prohíbe el ingreso de la fuerza pública en las universidades nacionales sin la orden escrita de un juez competente o autoridad universitaria legítimamente constituida.

Semejante accionar policial tiene su correlato en declaraciones realizadas el 10 de julio por el propio gobernador en el canal 7 de la TV Jujeña donde acusó a los empleados del Centro Universitario de incentivar el corte de ruta en Tilcara a quienes dijo, iba a escarmentar porque los tenía a todos identificados y expropiaría las instalaciones de la casa de altos estudios.

Abogadas y abogados defensores “sediciosos”

Como si esto no bastara las abogadas y abogados penalistas que defienden a los detenidos también fueron perseguidos y detenidos.

El abogado Alberto Nallar fue detenido en Perico, en plena vía pública, y estuvo desaparecido por varias horas, hasta que las autoridades informaron que se encontraba en el penal de Alto Comedero imputado del delito de sedición.

Por el mismo vía crucis pasaron la abogada Alicia Chalabe, y los abogados Ariel Ruarte, Rene Vicente Casas y Roberto Alemán, todos letrados que habían ejercido la defensa de detenidos y detenidas que participaron en las manifestaciones de protesta.

Los abogados defensores señalan que es frecuente la incomunicación de los detenidos, la falta de información de sus paraderos por largas horas, traslados intempestivos en vehículos sin patente, falta de acceso a los expedientes, desconocimiento del número de la causa que se tramita, además de requisas ilegales cuando los letrados van a ver a sus defendidos, todo esto con pleno conocimiento de los señores fiscales.

Si a estas prácticas represivas le sumamos que la mayoría de los heridos de bala tienen impactos en el rostro, como el caso de Lian Mijael Lamas, el estudiante de 17 años que perdió un ojo, o heridas en los brazos intentando cubrirse de los proyectiles, no caben dudas de que la policía jujeña no ha cumplido con ningún protocolo antidisturbios.

El litio como común denominador. La trama golpista

Este régimen de excepción tiene, como aquel de la dictadura genocida, la intención de implementar un modelo económico en favor de las minorías opulentas y los capitales trasnacionales, sometiendo la voluntad popular al despojar de sus tierras a los pueblos originarios con el único objetivo de depredar los recursos naturales y quebrantar el orden público laboral imponiendo a sangre y fuego una política de ajuste y precarización que ahogue los justos reclamos de miles de jujeñas y jujeños.

Resulta difícil no encontrar nexos entre lo que sucede en Jujuy y el golpe de Estado en Bolivia, si el actual ministro de Gobierno y Justicia provincial del gobierno provincial, Normando Alvarez García, exembajador macrista en Bolivia, fue quien organizó el trámite exprés y la aprobación de la reforma a la carta magna provincial.

Con un cinismo a toda prueba, el gobernador jujeño le otorgó a este personaje la medalla Orden General Manuel Belgrano por su labor diplomática de “alto valor humanitario” durante el golpe de Estado en el país del altiplano ocurrido en noviembre de 2019.

Seguramente, esa labor diplomática de “alto valor humanitario” galardonada por el gobernador Morales se debió a la provisión de armas, municiones y otros elementos “disuasivos” que sirvieron para el derrocamiento del presidente boliviano Evo Morales Ayma.

Por cierto, el golpe de Estado en la hermana nación boliviana tuvo tufillo a Litio, el propio presidente Evo Morales lo dijo: “El golpe de Estado que me hicieron fue por el litio”.

Para confirmar estas expresiones, el magnate Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, quien había cuestionado la intervención de sus compañías de extracción de litio en Bolivia amenazó por Twitter respondiendo ¡Derrocaremos a quien queramos!

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Argentina recibió mas de 15.400 millones de dólares en 2022, donde el mayor flujo de capital se explica por prestamos entre empresas, operaciones de financiamiento entre filiales y sus casas matrices.

La norteamericana Livent acaba de anunciar una inversión de 510 millones de dólares para expandir su operación de litio en el país, mientras la corporación china Zijin Mining Group de manera similar invertirá 380 millones de dólares en ese rubro.

Si bien es cierto que el país requiere de inversiones de capital para la extracción minera, especialmente, para traspasar los límites impuestos por la restricción externa, también es prioritario que toda explotación de recursos sea sustentable para las comunidades y para el medio ambiente.

El proceso de extracción de carbonato de litio, recurso natural de carácter estratégico suele requerir grandes cantidades de agua, un bien escaso en la puna que es vital para el desarrollo de actividades de las comunidades originarias que habitan la región.

Por otra parte, el intensivo uso de químicos deja residuos que impactan en el medioambiente, de allí que los pueblos originarios reclamen ser participes en la toma de decisiones y que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada, según lo señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El creciente interés por la explotación de gas, petróleo, minería y energía renovables resulta cada vez más atractivo para inversores extranjeros en un mundo que clama por recursos energéticos variados.

Mientras tanto, el corte de ruta en Purmamarca, al norte de San Salvador de Jujuy, sigue en pie, allí se encuentra el “Tercer Malón de la Paz”, que tiene la mayor representatividad de comunidades originarias en la provincia, cuyos integrantes sostienen, de manera inclaudicable, la consigna de continuar resistiendo las nefastas consecuencias de la explotación minera del litio derivada de la reforma constitucional de Morales.

*Abogado UM