La Corte suprema suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan con una medida cautelar que, en sintonía con las aspiraciones de la oposición macrista y los libertarios, avasalla las autonomías provinciales y proscribe a los candidatos oficialistas.
[EHM]
Los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, tomaron similar decisión en dos recursos de amparos que evidenciaron una clara intervención en el proceso electoral de las provincias Tucumán y San Juan.
Esta nueva iniciativa injerencista de la Corte, además de representar una abierta amenaza a las autonomías provinciales, es un ataque artero a la forma de gobierno representativa republicana y Federal que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional.
Los recursos de amparo fueron formulados por el "Partido para la Justicia Social" que representa a “Juntos por el Cambio” en Tucumán y lo lidera el candidato a vicegobernador German Alfaro y en San Juan, por el partido "Evolución Liberal" que dirige el empresario textil Sergio Vallejos Mini, candidato a gobernador por la lista de Libertad Avanza de Javier Milei.
Todo esto, acaece en consonancia con lo manifestado por el expresidente Macri en relación con los resultados de las elecciones en La Rioja y Misiones, quien “sangrando por la herida” señaló que “no son representativos”, calificando a los gobiernos provinciales como “feudos”, expresiones que demuestran una prosaica visión centralista-unitaria y cierto resentimiento ante la eventual pérdida de distritos hasta ahora considerados por él, inexpugnables.
Según parece para el expresidente en esa categoría de “feudos” no entrarían los 15 años de gobierno en la ciudad mas rica de la Argentina.Por cierto, el fallo de la Corte suprema se enanca en ese caldo de cultivo reaccionario que empieza a emerger desde la derecha y de los factores de poder que ven con preocupación manifiesta las chances del oficialismo de acceder a un nuevo período de gobierno por el voto popular, sea la variante que sea.
Están seguros de que este escenario tan temido terminará barriendo el sueño húmedo de poderosos hombres de negocios y las aspiraciones políticas de personajes olvidables que ven en riesgo de colapso, la impunidad que supieron construir de forma irreverente antes y después de dejar el gobierno.
La proscripción de Manzur y Uñac
Los supremos decidieron, de manera sospechosamente intempestiva después de dilatar varios meses la resolución de ambos recursos de amparo y a días de la fecha fijada para los comicios, hacer lugar a los recursos de amparo promovidos por la oposición política. Las medidas cautelares dictadas por el máximo tribunal suspenden sin más trámite y a pocos días, las elecciones previstas para este domingo hasta resolverse la cuestión de fondo.
Esta decisión del máximo tribunal es de una gravedad mayúscula viola la supremacía de la Constitución Nacional, cuando carente de legitimidad para actuar, pone en jaque las facultades de los organismos provinciales.
En el caso de la candidatura del compañero Juan Manzur como vicegobernador por Tucumán, la Corte hizo caso omiso a la resolución de la Suprema Corte provincial de noviembre pasado, donde ésta falló a su favor al interpretar que lo consignado en el artículo 90 de la Constitución provincial no resultaba un impedimento para volver a presentarse como candidato a vice en la fórmula, acompañando a Osvaldo Jaldo, su actual vicegobernador.
Además, la decisión del Maximo tribunal provincial fue avalada por la Junta Electoral provincial ante la queja presentada en este organismo por el partido opositor “Movimiento y de Unidad y Cambio” siendo rechazada “in limine”, sosteniendo que “opinar en tal sentido, sería convertir a la Junta Electoral Tucumán en órgano revisor de la sentencia del supremo tribunal provincial”.
En tanto, en San Juan, los supremos fallaron en congruencia con el caso anterior al desestimar la decisión del Tribunal Electoral provincial que avalaba la candidatura a gobernador del compañero Sergio Uñac, pero con el tupé adicional de poner en duda lo establecido en el artículo 175 de la Carta magna sanjuanina.
En ese sentido, el prestigioso abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat señaló la falta de legitimidad de estos fallos de la Corte afirmando:
“El fallo es nulo y viola el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional” y agregó “Constituye un precedente lastimoso de violación a la supremacía constitucional, lo correcto creo, era plantear la revocatoria de ese fallo por su nulidad absoluta e insanable y recusar a los ministros de la Corte por haber incurrido, además, en prejuzgamiento porque ya en el pronunciamiento lo están diciendo”, dado que, “ocurrieron a una forma absolutamente impropia y que no es de la competencia originaria de la Corte”.La Corte Suprema encarna el brazo ejecutor del lawfare en nuestro país, ahora convertida en un ariete de la República que hace realidad los anhelos de los grupos de poder y legitima su accionar maniatando de forma extorsiva a los otros poderes del Estado con un propósito conspirativo indisimulable.
Bajo una pátina de legalidad, la Corte Suprema se yergue en árbitro supremo al hacer prevalecer el principio de alternancia en el poder marcando un peligroso antecedente jurisprudencial de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Es de prever que no solo estarán las causas judiciales operando la proscripción de Cristina sino también, la decisión de los supremos de considerar si nuestra lideresa puede postularse o no como presidenta o vice en las próximas elecciones.La expresidenta habría dado su opinión respecto a los fallos expresando: “Van a hacer lo que puedan para que no sea presidenta”, sus palabras denotarían incertidumbre ante este nuevo golpe institucional de la Corte que pone en duda, más que nunca, su candidatura a la primera magistratura.
La corte macrista demuestra su máxima capacidad de daño mientras se ventilan irregularidades mayúsculas del alto tribunal en el juicio político que se le sigue en el Congreso nacional.Daniel Marchi, exadministrador de la Corte, quien fue desplazado recientemente, denunció en el juicio político que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti lo habría amenazado y que la causa de su remoción había sido por la publicación de una serie de informes de auditoría que confirmarían irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
En sede judicial ante el juez Ariel Lijo, Marchi había declarado hace un tiempo que: “El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social, es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”.
Estos informes, según Marchi, daban cuenta de la falta de balances del alto tribunal, diversas irregularidades en la obra social de los judiciales, como el faltante de 30.000 medicamentos y el destino incierto de 3.000 millones de pesos del organismo.
Como si esto fuera poco, Marchi denunció “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” por parte de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, quien habría actuado por orden de este ante la Cámara de Casación a cambio de que destituyeran al juez que lo estaba investigando por enriquecimiento ilícito.
Para que no quedaran dudas de sus dichos, el exadministrador solicitó a la Comisión investigadora del Congreso: “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.
El supremo Rosatti devenido en experto economista
El presidente de la Corte y a la vez presidente del Consejo de la Magistratura invitado por la AmCham, Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina, participó del evento “AmCham Summit 2023” y se despachó en términos de política económica criticando al Gobierno Nacional por la emisión monetaria.
Sus definiciones macroeconómicas no resultaron para nada inocentes, su condescendencia y alineamiento a la postura política de la derecha y al auditorio de empresarios del círculo rojo que lo escuchaba, quedaron largamente demostrados.
Cual cruzado blandía una Constitución Nacional y decía: “En el artículo 75 inciso 19, la Constitución manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el valor de la Constitución que está sobre todos nosotros".
Obviamente, su postura empatiza con ese cliché de combatir la emisión de moneda que, a manera de mantra, nos tiene acostumbrado la derecha y la ultraderecha desde hace larga data.
Recordemos que siendo ministro de la Corte suprema desde 2016, en ningún momento se expidió sobre el esquema de valorización financiera llevado a cabo por el gobierno de su mentor Mauricio Macri, como tampoco lo hizo cuando el expresidente tomó de manera inconstitucional el préstamo más venal de la historia ante el FMI.
Aquellas medidas de política económica del gobierno de Macri, a su criterio, no formaban parte de las atribuciones del Congreso y no encuadraban dentro de lo que entiende Rosatti por “defender el valor de la moneda”.
Pruebas al canto, en el periodo 2018-2019 el gobierno macrista llevó a 0% la emisión de moneda por el Banco Central, no obstante, la inflación de ese lapso trepó al 96,1% con la consecuente depreciación del signo monetario y la brutal pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones.No resulta ingenuo pensar que el presidente de la Corte esté tomando partido en la contienda electoral de este año a sabiendas de que su opinión suma volumen a la andanada de la derecha en momentos en que el gobierno nacional está atravesando por un escenario económico complicado, debido al ritmo inflacionario y la restricción externa.
Tampoco resulta inocente que los ministros de la Corte se muestren expeditivos y resueltos cuando hace meses están expuestos bajo la lupa de la Comisión de juicio político del Congreso, luego de que el Frente de Todos buscara ampliar el número de jueces supremos y reformar la justicia, tan denostada por la ciudadanía, sin éxito hasta ahora.
La democracia está en riesgo, se encuentra asediada por factores endógenos y exógenos, y su defensa cabe en la responsabilidad de cada argentina y cada argentino de bien.Como peronistas entendemos que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo, por lo tanto, no es tiempo de mirarnos el ombligo ni de echarnos culpas entre nosotros, es hora de retomar la calle y salir a manifestar la decisión inquebrantable como argentinos de ser dignos hijos e hijas de nuestra Patria.
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