Idas y vueltas del sistema previsional argentino

Las decisiones políticas-económicas que impactaron en los derechos del sector pasivo argentino supieron de avances y retrocesos en sintonía con los intereses que representaban los actores políticos en cada momento histórico.

Por Jorge Néstor Juncal*

Durante el gobierno de Carlos Menem, al calor del Consenso de Washington, se produjo un drástica reforma previsional que desnaturalizó el tradicional régimen de Reparto, donde la solidaridad intergeneracional era su norte, para transformarlo en un régimen mixto junto al de Capitalización individual, cuya naturaleza era desfinanciar al Estado y maximizar los beneficios de los grupos económicos que operaban en el mercado de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y Compañías de Seguro de Retiro (CSR), sin que importase cual sería el devenir de las futuras jubiladas y jubilados del sistema.

Bajo falsas promesas comerciales de garantizar idéntica cobertura y tratamiento que el régimen previsional público, el personal asalariado se convirtió en clientela cautiva de estos grupos económicos que terminaron apropiándose de USD 10.000 millones que provenían del cobro de jugosas comisiones que provenían del salario de sus afiliados.

Todo este desfalco legal en perjuicio de la clase trabajadora que ignoraba el destino de inversión de su mermado aporte jubilatorio, el exministro Domingo Cavallo favorecía a los empresarios con la rebaja de aportes patronales en desmedro de las arcas estatales generando un déficit público descomunal superior a los USD 35.000 millones.

Eran tiempos en los que la militante del sector pasivo Norma Plá cortaba los miércoles la Av. Rivadavia en compañía de compañeras y compañeros de ruta, quienes reclamaban el aumento de jubilaciones y pensiones. La suerte le había sido esquiva, no tuvo empleo registrado en su vida y nunca se pudo jubilar pese a que trabajó desde los 13 hasta los 62 años. Como única herencia tenía la pensión de su marido de 150 pesos que no le alcanzaba para nada.

Esto la motivó, pese a su avanzada edad, a no bajar los brazos y luchar en defensa del sector pasivo resistiendo, a fuerza de marchas y cortes de calles, la política económica neoliberal de Domingo Cavallo, quien se ufanaba ante las cámaras de televisión diciendo que los 10.000 pesos que ganaba como ministro no le alcanzaba para solventar sus gastos. En tanto, el exministro imponía un ajuste brutal en las magras jubilaciones y pensiones que rondaban los 100 pesos/dólares promedio de aquella época.

El Estado debió tomar en sus manos el pago de jubilaciones del régimen de Capitalización individual, significando un negocio ruinoso para un Estado “bobo” que socializaba las pérdidas privadas prohijando a grupos económicos que habían hecho su agosto y emprendían la retirada.

En 1999 la victoria en las urnas de Fernando de la Rúa por la Alianza UCR-Frepaso puso fin a 10 años de menemismo.

Sin embargo, el país vivía sumido en una profunda recesión económica por lo cual, el gobierno aliancista decidió “apagar el fuego con nafta” al sostener contra viento y marea la ley de convertibilidad y tomar severas medidas de ajuste fiscal, mediante la ley de déficit cero que, a la postre, resultaron insuficientes para resolver las finanzas públicas.

Dentro de ese vademécum que suelen utilizar los gobiernos que dicen representar al pueblo, pero luego hacen todo lo contrario, siguiendo el libreto del Fondo Monetario internacional en ese fatídico 2001, el inefable exministro de economía Domingo Cavallo y la exministra de Trabajo, Patricia Bullrich arremetieron aplicando una quita del 13% sobre los salarios de empleados estatales (incluidos docentes y trabajadores de la salud) y los haberes de 28.000 jubilados y pensionados.

Al año siguiente, la medida se declararía inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y quedaría sin efecto en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

El entonces interventor del PAMI, Horacio Rodriguez Larreta junto a su asesora en recursos humanos y mano derecha, Maria Eugenia Vidal, bajo una política de ajustes planificada, practicaban una serie de recortes presupuestarios en el organismo que, con la excusa de sanearlo, deterioraban seriamente las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

René Favaloro le daba una cachetada a la realidad argentina disparándose al corazón, a la vez que desnudaba, en palabras póstumas dirigidas a “las autoridades competentes”, la corrupción estructural existente en la obra social de los jubilados.

Como si esto fuera poco, en abril de 2000 la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) había presentado una denuncia por presunta “defraudación” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante el extinto juez Claudio Bonadío contra los exinterventores del PAMI Cecilia Felgueras, Horacio Rodriguez Larreta, y Daniel Tonietto por presuntas irregularidades y pago de sobreprecios en el otorgamiento de licitaciones para la adquisición y aplicación de vacunas antigripales, donde resultaba beneficiada la competidora Farmacéuticos Argentinos S.A. (FASA) que habría accedido al pliego 60 días antes, lo que le permitió ser la única oferente que pudo cumplir con los plazos de presentación. Finalmente, fueron sobreseídos por el juez Bonadío. No obstante, las dudas persistieron y Rodriguez Larreta fue despedido del PAMI.

Las políticas neoliberales habían dejado tierra arrasada en materia social, el incremento sistemático del desempleo y la precarización laboral sumados a la privatización del sistema previsional vía AFJP, habían impactado negativamente en la sustentabilidad del régimen jubilatorio.

El resultado era devastador, 4 de cada 10 adultos mayores habían quedado excluidos en la década de los ’90 del derecho a la jubilación.

En 2003 el presidente Néstor Kirchner había recibido la gestión con una cobertura previsional del 66,1% de la población en condiciones de jubilarse en ese tránsito “del infierno al purgatorio” que, a la manera de ascensión virtuosa, nos devolvió la autoestima y la dignidad como pueblo.

Firme en sus convicciones de no dejar sus ideas en la puerta de entrada de la Casa Rosada, Nestor Kirchner decidió poner en marcha el “Plan de Inclusión Previsional” que permitió incorporar a 2,8 millones de adultos mayores al sistema previsional en 2005.

La iniciativa promulgada como ley 25.994, produjo una mejora distributiva sustancial en los haberes de los adultos mayores, en especial, en las mujeres que representaron el 73% de las jubilaciones otorgadas a través de aquella moratoria. Todo un avance pionero en política de igualdad de género.

Transcurrieron tan solo 3 años para que en 2008, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner sancionara la ley 26.425/08 que unificaba el sistema de jubilaciones y pensiones en un único régimen denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente vigente.

Mediante esta ley se dispuso la transferencia al ANSES de los depósitos que se encontraban en las cuentas de capitalización de afiliados y beneficiarios del sistema de AFJP.

La lógica del sistema de reparto volvía nuevamente a instalarse de la mano de un gobierno nacional y popular, basándose en el principio de solidaridad, y ampliando el universo de beneficiarios, como también, los tipos de beneficios que se ofrecería.

Durante la gestión de Cristina Fernandez de Kirchner la proporción de cobertura previsional ascendería a un universo del 93,8%, el nivel más elevado de toda América Latina.

Una vez asumida la presidencia, Mauricio Macri decreta el fin de vigencia de la moratoria previsional establecida en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 18 de septiembre de 2016.

Durante 2017, Mauricio Macri lleva adelante su ansiada reforma previsional cambiando la fórmula de actualización de haberes ligándola a la pauta inflacionaria oficial en perjuicio de los jubilados y extiende la edad jubilatoria en forma optativa hasta los 70 años para los hombres y 65 años para las mujeres.

Atrás había quedado la “ley de reparación histórica” que el expresidente Macri sostuvo para cumplir con parte de su electorado de edad avanzada, proclamándose, en forma altisonante y marketinera, como el elegido en llevar un poco de justicia al sector pasivo.

La realidad verificó todo lo contrario, la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria de esta ley implicó una poda en los haberes de sus beneficiarios.

Además, los resultados estuvieron muy lejos de las promesas iniciales, ya que los beneficiarios de la ley alcanzaron a tan solo el 18% del padrón general, al año y medio de su sanción los fondos destinados al pago de retroactivos e incrementos de haberes representaban un exiguo 20% de lo que se había presupuestado en su momento y la promesa oficial de reducir la litigiosidad tampoco se verificó. Los juicios por reajustes de haberes jubilatorios no se detuvieron.  

Si a estas medidas regresivas en materia previsional, le adicionamos la exclusión de medicamentos gratuitos a personas del sector pasivo que cobraban menos del equivalente de 1,5 haberes previsionales mínimos ($ 8.500) que tengan mas de un inmueble o un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, tenemos el combo completo. El exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni consideraba que este beneficio de medicamentos gratuitos “no tienen utilidad para la gente”, los recortes presupuestarios no se hacían esperar.

Mientras tanto, con total cinismo, el expresidente Macri hacía el ajuste sobre los más vulnerables, la deuda externa que en 2015 era del orden del 40% del PIB ascendía al 80%, liquidaba de un plumazo 247.000 puestos de trabajo formales, bajaba la persiana a 24.505 Pymes, la desocupación crecía a un ritmo del 12% de la población activa, la informalidad laboral era la regla, se creaban 189.000 nuevos monotributistas que intentaban sobrevivir ante tamaño desastre económico, se dilapidaba el 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en negociados y dudosas inversiones y el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados sufría una merma del 20% al fin de su mandato, entre otras salvajadas.

Para finalizar, el Gobierno del Frente de Todos consciente de la necesidad de una nueva moratoria previsional que le dé acceso, mediante un plan de pagos mensuales, a aquellas mujeres de 60 años y aquellos hombres de 65 años que no tengan acreditados los 30 años de aportes que exige la ley previsional, pudo hacerse realidad ayer, con esfuerzo político y de cara al pueblo.

Los 134 votos obtenidos para la aprobación de la ley de los bloques del Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, dieron por tierra con las aspiraciones de los bloques de la derecha opositora, que con 107 sufragios por la negativa de los bloques Juntos por el Cambio (JXC), La Libertad Avanza de Javier Milei y Avanza La Libertad de José Luis Espert, vieron malograr su estrategia de volver a victimizar a aquellas y aquellos adultos mayores que las políticas neoliberales negaron, sistemáticamente, el derecho a un beneficio previsional.

Se hizo hace justicia en favor de 800.000 argentinas y argentinos que van a poder jubilarse ante la intransigencia de una oposición reaccionaria que deja en evidencia, una vez más, su falta de aprecio por la Democracia y una decadente pretensión elitista de un país para unos pocos.  

*Abogado UM