El detrás de escena del Consejo de la Magistratura

La Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura avasallando facultades legislativas del Congreso pretendiendo aplicar una ley ya derogada para obtener la impunidad del macrismo.

Por Jorge Néstor Juncal*


El Supremo Tribunal del país convalidó el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como “el colegio de la calle Montevideo”, cuyos matriculados se muestran siempre dispuestos a defender cuanto genocida ande suelto y patrocinar corporaciones internacionales contra el Estado Nacional.

Lo cierto es que la Corte en el mes de diciembre 2021 terminó fallando a favor del planteo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber transcurrido 15 años de su presentación, declarando inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, estableciendo un plazo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley. De no cumplirse lo ordenado, la Corte dispuso que se vuelva a la ley de Consejo de la Magistratura derogada en 2006 por decisión del Congreso de la Nación, lo cual configura un supuesto de gravedad institucional inusitada.

Se llegó hasta aquí, luego de que el Senado lograra darle media sanción a una nueva ley del Consejo de la Magistratura con 17 miembros y un planteo de funcionamiento más federal, siendo luego abortado por la oposición de Juntos en la Cámara de Diputados, que hizo fracasar la obtención de la media sanción necesaria para su aprobación.

Una vez vencido el plazo, el 15 de abril pasado, la Corte dispuso “ipso facto” la asunción “inmediata” de los miembros del estamento técnico (jueces, abogados y académicos), que fueron elegidos a través de sus sistemas de representación y este miércoles se sumaron al Consejo, prestando juramento ante Horacio Rosatti, presidente de la Corte.
El fallo del supremo tribunal, en clara violación a la Constitución Nacional se arroga facultades legislativas, repuso una ley del Consejo ya derogada por el parlamento, hecho que generó conflictos por la elección de los nuevos consejeros designados por el Congreso entre las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en la Cámara alta.
El viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, lo expresaba de esta manera “Toda la situación que tenemos hoy deja en evidencia las críticas que veníamos efectuando al fallo de la Corte de diciembre, que violó las facultades del Congreso y se puso a legislar y habilitó una ley que estaba fenecida hace 16 años”.

El diputado Leopoldo Moreau se refirió a los motivos que motorizaron a la Corte a pronunciarse en ese sentido. El legislador recordó en una entrevista concedida a la emisora AM750 que “todas las causas que tiene el macrismo están en Comodoro Py porque ahí está la banda de cómplices que representan a los poderes reales de la Argentina y de la embajada norteamericana”. Más adelante en la entrevista, dio cuenta de un proceso de depuración de magistrados prevaricantes que estaba en marcha a través del Consejo al señalar que “el Consejo de la Magistratura había puesto en marcha concursos para reemplazar a los que fueron designados a dedo por el macrismo…Entonces desde la Corte decidieron que antes de que sucediera eso había que manotear y asaltar el Consejo de la Magistratura y para eso apelaron a dos jueces que fueron puestos a dedo en la Corte Suprema”, refiriéndose a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

De similar forma, el viceministro de Justicia, Mena opinó que el Consejo “venía funcionando muy bien” hasta que “la Corte destruyó su funcionamiento”, y argumentó que el Consejo se encontraba en proceso de cubrir vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py, hecho fáctico indubitable que preocupaba sobremanera a la oposición. El viceministro de justicia añadió que las demoras en las designaciones en Comodoro Py apuntan a “cubrir y blindar de impunidad a Mauricio Macri” en las causas judiciales que lo involucran.

Según las declaraciones del diputado Moreau y el viceministro de Justicia Mena, la operación responde a lograr la impunidad de algunos factores de poder vinculados a la oposición y a intereses que responden a la embajada norteamericana. Va de suyo que la Amcham, cámara de empresas norteamericanas que preside Roberto Alexander, IBM, IDEA, el instituto que organiza el coloquio anual que reúne al establishment que encabeza Roberto Murchison, del negocio portuario, se abroquelaron para respaldar el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, argumentando que la “seguridad jurídica es clave para que un país crezca”.

Es singularmente llamativo que estas instituciones en tándem, se expresen en apoyo de un fallo de la Corte sobre un órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial en su conjunto. Tampoco resulta casual que estas entidades que representan diversos intereses privados nacionales y extranjeros respalden al aristocrático Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo a que se cumpla con el fallo de la Corte de diciembre pasado con miras al cambio de composición del Consejo.

Todo lleva a pensar sobre la existencia de intereses cruzados que en nada tienen que ver con la promoción de objetivos naturales y esenciales de todo Estado Nación, como es contar con una eficiente y honorable administración de Justicia.

 

Jugada de CFK

La maniobra de Horacio Rosatti, quien encabeza el supremo tribunal, caracterizada por algunos legisladores como “golpe blando” o “golpe institucional”, más allá de las adjetivaciones, representa un verdadero “putch” contra el sistema republicano y la división de poderes, al pretender arrogarse facultades que exceden en demasía a las otorgadas por nuestra Constitución Nacional. Rápida de reflejos, Cristina Kirchner ensayó la conformación de un interbloque con dos espacios, “Frente Nacional y Popular” integrado por 21 senadores y “Unidad Ciudadana” con 14. La creación de estos dos espacios le posibilita al oficialismo desplazar al PRO de la segunda minoría, dejando al cordobés Luis Juez sin un asiento en el Consejo de la Magistratura.

De esa manera, el oficialismo ve fortalecida su presencia en el Consejo que designa y remueve a los jueces. En los aspectos formales dentro del Senado, el interbloque del oficialismo continuará llamándose “Frente de Todos” y estará conformado por dos espacios, “Frente Nacional y Popular” y “Unidad Ciudadana”. El bloque “Frente Nacional y Popular” quedará compuesto por 21 senadores: José Mayans, Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espínola, Maria Teresa Gonzalez, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodriguez Saá, José Uñac y Pablo Yedlin. El bloque de “Unidad Ciudadana” lo integrarán 14 senadores: Juliana Di Tulio, Anabel Fernandez Sagasti, Oscar Parrilli, Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Ana Ianni, Matías Rodriguez, Eugenia Duré y Sergio Leavy.

Por su parte, Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados, firmó la resolución 689/22, que designó como integrante del Consejo por la primera minoría, a la diputada santacruceña de origen radical, Roxana Reyes, en tanto, el diputado radical Francisco Monti quedó como suplente. Por el Senado, la vicepresidenta formalizó la designación del senador rionegrino, Martín Doñate, del flamante bloque de “Unidad Ciudadana”, quien tendrá como suplente al senador jujeño Guillermo Snopek, también del mismo espacio.

Sin lugar a duda, el objetivo de la maniobra de la Corte es ir tejiendo un entramado que asegure la impunidad de los funcionarios macristas, consiga perpetuar la persecución de dirigentes kirchneristas al conservar en sus puestos a jueces que respondan al macrismo y esmerilar al Gobierno nacional, dictando fallos que sean contrarios al interés nacional y popular.

Por donde se lo mire, el objetivo de máxima es poner fuera de juego al Gobierno, como está ocurriendo en otros países hermanos y no es de extrañar, que estos personeros de la antipatria con la ayuda del tío Sam, pretendan lo mismo en Argentina.
Cristina Kirchner no se equivoca cuando acusa a los cortesanos de integrar una “casta”, donde algunos no pertenecen a ésta por ascendencia, linaje o fortuna, pero ostentan, como singularidad, una fruición aspiracional que los motiva a comportarse como cipayos.
*Abogado UM

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