La Justicia porteña declaró nulo el convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa constructora IRSA, el cual habilitaba un plan de desarrollo inmobiliario faraónico en Costanera Sur. Organizaciones sociales y vecinos resisten la iniciativa del jefe de gobierno porteño y la empresa del magnate Soros. Calidad de vida de los vecinos y protección del medioambiente versus negocios inmobiliarios primera clase del macrismo y sus aliados. La ley de humedales como necesidad impostergable frente al saqueo de los recursos.
[EHM]
“El procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y agregó que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”, sostuvo el juez.
De esta manera, el magistrado decidió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta por los vecinos porteños y anular el convenio, “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA”. La acción de amparo colectivo había sido presentada por los amparistas en Julio de 2021 ante el juez Ammirato.
En el escrito de inicio le endilgaban al Ejecutivo porteño “la falta de participación ciudadana y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” respecto al llamado proyecto inmobiliario “Costa Urbana”. La intención de la acción de amparo interpuesta era salvaguardar el predio de España 2230/40 y solicitar la nulidad del convenio que habilitaba la construcción de decenas de torres de rascacielos. La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe). A ese efecto, el colectivo de vecinos pedía, mediante la acción de amparo presentada ante la Justicia, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura en la ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur y lindera a la Reserva Ecológica. El proyecto fue resistido desde el primer momento por la ciudadanía en su conjunto, que luego sumó a organizaciones sociales, ambientalistas y expertos del sector, dado que la mencionada iniciativa implicaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la Ciudad.
El 29 de octubre de 1964 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 16.575, donde se autoriza la donación del Estado nacional al Club Atlético Boca Juniors de 40 hectáreas de terreno que, la institución deportiva se comprometía a rellenar en el Río de La Plata con la finalidad de construir la tan ansiada “ciudad deportiva”, sueño anhelado y trunco de su presidente Alberto J. Armando.
Historia de un despojo
El 29 de octubre de 1964 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 16.575, donde se autoriza la donación del Estado nacional al Club Atlético Boca Juniors de 40 hectáreas de terreno que, la institución deportiva se comprometía a rellenar en el Río de La Plata con la finalidad de construir la tan ansiada “ciudad deportiva”, sueño anhelado y trunco de su presidente Alberto J. Armando.
La norma establecía una condición “sine qua non” que era la expresa prohibición de que ese inmueble del patrimonio público nacional donado a la institución xeneise, fuera enajenado a terceros. El club de la ribera había rellenado una mayor cantidad de hectáreas del río que la permitida por la norma, hecho que habilitó al gobierno de Menem en 1989 a aumentar la cantidad de hectáreas de donación de 40 a 71 hectáreas, hasta alcanzar la superficie que había sido efectivamente rellenada, ampliándola además a los canales adyacentes. Esta ley declaró cumplido el cargo, a pesar de que el proyecto de la “ciudad deportiva” boquense jamás se hiciera realidad, y autorizó al club a vender el predio a terceros “que cumplan con los objetivos” de la ley (ejecución de obras y desarrollo de actividades propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial, con disposición para centro de convenciones, ferias y/o centro habitacional).
Nada de eso prosperó y bajo la presidencia del club de Antonio Alegre, se vende el predio a la sociedad Santa María del Plata, empresa conformada por Terry Moché (Frigorífico CEPA y complejo de esquí Las Leñas) y la constructora Gerlach Campbell, por la suma de 22 millones de dólares. Pocos años más tarde, en junio de 1997, la empresa IRSA (Inversiones y Representaciones SA), cuyos principales accionistas eran el magnate estadounidense George Soros y el argentino Eduardo Elsztain, adquieren el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors por la suma de 50 millones de dólares.
Este predio comprendía una superficie de 71,61 hectáreas (716.180 metros cuadrados) ubicada frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica Costanera Sur y al lado del Barrio Popular Rodrigo Bueno.
Es importante señalar que, durante más de 20 años el predio estuvo en estado de abandono porque allí no podían construirse emprendimientos inmobiliarios dado que la planificación de la ciudad no lo permite y solo podía darse el destino por el que fue concedido primigeniamente, es decir la construcción de una Ciudad deportiva, hecho que nunca ocurrió.
En el portal del “Observatorio del Derecho a la Ciudad” se denuncia la gestión de Horacio Rodriguez Larreta al frente de la Ciudad dejando entrever un presunto delito de tráfico de influencias al informar que “Rodríguez Larreta inició su gestión en 2016 impulsando este proyecto y ahora nuevamente realiza un intento para su aprobación. Es oportuno señalar que uno de los hermanos del jefe de gobierno porteño se desempeñó como gerente de relaciones institucionales de IRSA.” A ese respecto, el abogado patrocinante de la causa judicial y del Observatorio de la Ciudad (ODC), el Dr. Jonatan Baldiviezo, consideró en tono crítico que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes”.
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, concluyó.
Siguiendo en esa línea de análisis, María Eva Koutsovitis, de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), señaló “frenamos la venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”. El jefe de Gobierno porteño pareciera comportarse como un verdadero depredador serial de tierras públicas con las que, apalancado en grandes inversores inmobiliarios, a la sazón socios de estas iniciativas, se propone cambiarle, arbitrariamente, el perfil urbanístico a la ciudad construyendo viviendas de lujo, sin tomar en cuenta la opinión de los vecinas y vecinos porteños y el gran déficit habitacional que padecen. Por otra parte, el alcalde porteño movido por, vaya a saber que intereses inconfesables insiste en transformar en “letra muerta” el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que:
“Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación”.
De allí, que caiga sobre su propio peso que toda norma, contrato o acto contrario que se ejecute contra la carta magna de la Ciudad, devenga inconstitucional, por más que el macrismo quiera violentarla so pretexto de cierta modernidad discutible que no comparte la ciudadanía. Resulta claro que el predio en disputa forma parte contorno ribereño, por lo cual, debería ser público, de libre acceso y circulación, y no con destino a la construcción de millonarios guetos para albergar a magnates locales. La Constitución de la Ciudad fue aprobada en 1996, con posterioridad a las leyes que autorizaron el traspaso de estas tierras públicas a maños privadas y la venta a terceros, por lo tanto, no debe forzarse la normativa con el objetivo de cumplir un fin que resulta adverso al interés de la comunidad porteña. Por otra parte, la Carta Magna porteña, en su artículo 27 establece que:
“La ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve… 3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica…”
Sin embargo, IRSA y Larreta no han cejado en impulsar varios proyectos de ley para modificar los códigos de planeamiento urbano a la medida de su faraónico proyecto de construir una verdadera “Dubai” a la vera del Río de la Plata, todavía sin éxito para el conjunto de la ciudadanía. Lo cierto es que, de consolidarse la iniciativa del gobierno porteño de Rodriguez Larreta y del Grupo IRSA, se cristalizaría uno de los mayores casos de despojo de tierras públicas y fraude al bien común que se haya conocido hasta ahora. Por el momento, la ciudadanía porteña y sus organizaciones siguen “en pie de guerra”, resistiendo la fastuosa iniciativa inmobiliaria del gobierno macrista y su socio, el magnate George Soros. No deben subestimarse los efectos adversos del mentado proyecto inmobiliario “Costa Urbana”, ya que están en juego el uso común de la costa ribereña, la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad y el ecosistema de la Costanera Sur, donde se encuentra uno de los últimos humedales a proteger de la “Reina del Plata”.
¡¡LEY DE HUMEDALES, YA!!
¡¡LEY DE HUMEDALES, YA!!
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