La desfinanciación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) /de la Anses llevada a cabo por Macri, tenía como objetivo lograr un escenario político favorable que permitiera su reprivatización, como antesala para imponer su anhelada reforma laboral.
Por Jorge Néstor Juncal*
El empresario devenido en presidente, Mauricio Macri, recibió el FGS en 2015, con un monto equivalente a unos US$ 67.000 millones. A fines del primer mes de gobierno, dispuso su primer gran devaluación que elevó el tipo de cambio de $ 9,40 a $ 13,59. Este cimbronazo cambiario de casi 50% produjo que el FGS disminuyera a US$ 48.872 millones. En diciembre de 2016 el fondo terminó en US$ 55.228 millones y en el último día hábil de 2017 la cuenta sumaba US$ 64.055 millones, monto un tanto inferior al recibido del gobierno de Cristina.
Pero en diciembre de 2018 vuelve a desplomarse cerrando en US$ 43.592 millones, y luego en marzo de 2019, el stock de activos era de US$ 41.960 millones, representando una muestra cabal de su impericia para gobernar que derivó en una gran crisis económica, financiera y social, de la cual todavía estamos tratando de salir. A modo de recorrida, nos situaremos en el peregrinar de algunos de los activos del FGS, que de no ser por el cambio de rumbo que se estableció en el país a partir del 10 de diciembre de 2019, las consecuencias hubieran sido irreversibles.
Títulos públicos del FGS
Es importante destacar que la renegociación de la deuda privada externa encarada por el ministro de Economía Martin Guzman que cerró en agosto 2020, los títulos públicos tuvieron un repunte importante y terminaron valorizándose un 36% entre noviembre del 2019 y diciembre del 2020.
Timba financiera
Como parte de este manejo dispendioso del dinero de los trabajadores, Macri dio la orden para que el Tesoro encajara en el FGS, Letras en pesos por $ 35.000 millones y Letras en dólares por US$ 275 millones, con vencimiento en marzo 2020. Esta operación ruinosa hizo que el FGS por cada $ 100 prestados al Tesoro recibiera un pagaré por valor de $ 60 en el mercado, con el agravante de que tres días después esos papeles ingresaron en el plan de restructuración de deuda.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo del FGS durante el gobierno de Cambiemos aprobó la suscripción de Letras del Tesoro en dólares por un monto de US$ 364 millones, y la compra de bonos del Tesoro en pesos con ajuste CER + 2,5% con vencimiento al 22/07/21, por $ 18.000 millones, mociones que fueron aprobadas por unanimidad por el comité con el criterio de que “se respetan los principios de seguridad y rentabilidad de la inversión de ese tipo de activos”, toda una muestra de cinismo sin precedentes.
El gobierno de Macri estaba decidido a seguir rifando el patrimonio de los jubilados para atender el ahogo financiero del Tesoro.
Ley de Reparación Histórica
La ley N°27.260, llamada pomposamente Programa Nacional de Reparación Histórica, sancionada en junio del 2016 permitía la liquidación de los activos del FGS con destino a la liquidación de juicios de beneficiarios que estaban en una situación de litigio con el Estado nacional. Bajo una iniciativa que parecía loable, esta ley escondía un “caballo de Troya”, un agregado ajeno al interés de los beneficiarios previsionales, un “régimen de sinceramiento fiscal”. Dicho sin eufemismos, se establecía un blanqueo “voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el extranjero hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive” destinados a los sujetos comprendidos en la normativa, que en principio, excluía familiares de funcionarios, quienes obtendrían como premio, beneficios fiscales excepcionales. Como si esto no le bastara a Macri, a través del decreto 1206/2016 ordenaba modificar la reglamentación de la ley 27.260 permitiendo que los familiares de funcionarios pudieran blanquear capitales.
Esta ley puso en riesgo la garantía de las prestaciones ante un gobierno que había elegido un esquema de valorización financiera que obturaba el crecimiento de la economía, mientras el crecimiento poblacional demandaba cada vez más prestaciones.Asimismo, el gobierno de Macri prescindió de utilizar el FGS como instrumento para el desarrollo mediante la inversión en proyectos de infraestructura de alto impacto económico y social, prefirió en su lugar, dilapidar recursos en otros menesteres que sostuvieran su paso por el gobierno.
En resumidas cuentas, el FGS fue fuente de financiamiento del Programa de Reparación Histórica, el 0,5% del PIB en 2019 por un total de $ 73.661 millones de pesos fue destinado a tal fin, generando un fuerte impacto en sus activos.
La Ley 27.260, “ley ómnibus” de uso múltiple, autorizaba al FGS a otorgar préstamos a provincias derivados del Acuerdo Nación-Provincias, en lugar que lo hiciera el Tesoro nacional, delegándose en la caja previsional una responsabilidad que correspondía al fisco.
Prestamos onerosos con tinte electoralista
La fiebre electoralista de Cambiemos, no tuvo obstáculos ni reparos de ninguna naturaleza, el objetivo era ganar las elecciones de medio término de 2017 a cualquier costo. Fue así, que mediante el decreto 516/17, se oficializó el otorgamiento de préstamos a beneficiario del SIPA, de la AUH y Prestaciones no Contributivas, extendiéndolo luego a beneficiarios no incluidos en el SIPA. Los jubilados y pensionados del SIPA podían acceder a un crédito de hasta $ 80.000 a devolver en 24, 48 o 60 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 37%, 33% o 32% según la opción elegida de cuotas. Para los titulares de la AUH o de Asignaciones Familiares (SUAF), los préstamos eran de hasta $ 6.500 por hijo a devolver en 24 cuotas con una TNA de 9,50%. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) o aquellos que reciben una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) les ofrecían créditos de hasta $ 35.000 a devolver en 24 o 36 cuotas, con una TNA de 37% y 34% respectivamente.
Esto mientras la estanflación galopaba y la actividad industrial se apagaba al ritmo de la especulación financiera, donde los préstamos solo servían para sobrevivir en ese contexto y satisfacer las demandas más elementales de los beneficiarios
Lo cierto es que, para fin de julio de 2017, tres semanas antes de las PASO, Macri había ampliado los créditos Argenta, ofertando préstamos personales de $ 3.000 por hijo a un año o de $ 5.000 por hijo a dos años. Después de este festival de préstamos que se daba en un contexto contractivo, volcando recursos que difícilmente iban a torcer el cuadro recesivo que provocaba la política de valorización financiera de Macri, los beneficiaros tuvieron que devolver las cuotas reduciendo aún más sus magros ingresos, lo cual impactaba en su calidad de vida. La irracionalidad de esta medida surge claramente en un estudio realizado por el instituto CEPA (Centro de Economía Política) donde se señala que “la suma de la deuda de los titulares de AUH ascendía a casi 3 veces lo que cobraban en un mes, mientras que era de dos veces en el caso de beneficiarios de pensiones no contributivas y de adultos mayores. Para los jubilados llegaba al 30 % de lo que percibían mensualmente y al 58 % en el caso de perceptores de salario familiar.”
Venta de acciones en empresas del FGS
La participación accionaria del FGS en 41 empresas privadas es vital para un Estado activo que participa en diversos sectores de la economía local, con el fin de evitar prácticas especulativas y cortoplacistas que limiten o restrinjan el proceso de crecimiento económico y que atenten contra la recuperación de la actividad. Este involucramiento positivo del Estado en la actividad económica del país puede incidir en los planes de inversión de las empresas, procurando la generación de empleo genuino que reactive la economía.
De allí que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya visto la importancia de tomar medidas de salvaguarda sobre este patrimonio que provenía de las AFJP, y se decidiera promulgar la ley 27.181 en octubre de 2015, la cual prohibía la venta de las participaciones accionarias del FGS-Anses en empresas, cotizadas a unos 92.000 millones de pesos a valor de mercado, sin autorización previa del Congreso y mediante una mayoría calificada de dos tercios de cada una de las Cámaras. Así como lo hiciera con la Ley de Medios, Macri luego deroga la ley 27181 e inicia una suerte de privatización del sistema previsional. Durante el periodo de gobierno macrista 2016-2019, se registraron tres desprendimientos accionarios. En noviembre del año 2016 el FGS vendió el 11,85% del capital social que tenía en Petrobras.
Del mismo modo, en marzo del 2017 se concretó la segunda venta de acciones, en este caso fue por el 16,71% de la participación accionaria en Solvay. Por último, en mayo del año 2019 se vendió el 5,31% de las acciones que se poseía en Quickfood. En suma, la licuación de los activos de la FGS fue de tal magnitud que, a finales de su mandato, tomando en cuenta las devaluaciones, evolución de las acciones y bonos, stock de la cartera de inversión por debajo del alza de la inflación, más otras malversaciones realizadas en perjuicio del FGS, el saldo real de la “plata de los jubilados” había descendido a unos US$ 22.000, es decir una pérdida equivalente al 70% de su valor en dólares.
Todo este manejo espurio del macrismo de la “plata de los jubilados” tenía un final a dos bandas, por un lado, utilizar fondos con fines electoralistas, desahogar financieramente al Tesoro vía encaje de Letras/Bonos y préstamos a las Provincias, como también, beneficiar a sus amigos del círculo rojo con la recompra de acciones de empresas, todas estratagemas para mantenerse en el poder; y por otro lado, desfinanciar y licuar el activo del FGS a niveles paupérrimos, para luego, ante esa realidad inexorable, darle una nueva “vuelta de tuerca” a la idea del retorno de las AFJP, que junto a la pretendida reforma laboral, son los sueños recurrentes de la derecha y los organismos financieros internacionales.
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