El déjà vu antisindical de Mariu Vidal

El video de Villegas desnudó el plan sistemático mediático y judicial del macrismo en el poder contra las organizaciones sindicales. ATE Nación lo dio a conocer en detalle desde su portal. El Astillero Rio Santiago (ARS) estuvo en la mira de la gestión Vidal con la intención de desguazarlo, una vez que se lograra el sometimiento de la organización gremial.

Por Jorge Néstor Juncal*

El video que escandalizó a la opinión pública, donde se lo ve a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la gestión Vidal en la provincia de Buenos Aires, reunido en dependencias del Banco Provincia con funcionarios de la gobernación, un senador, el intendente de La Plata, agentes de la AFI y cinco empresarios y dirigentes de la construcción, para propiciar una suerte de operatoria mediática y judicial destinada a desacreditar y perseguir judicialmente a la dirigencia sindical de la UOCRA, resultó por demás ilustrativo para conocer cómo se pergeñaba con esmero el “lawfare sindical”.

Todo indicaría que no fue el único caso que evidenció la embestida macrista contra gremios y trabajadores bonaerenses. Prueba de esto, fueron las denuncias realizadas en 2017 por la CTA Autónoma y demás centrales sindicales argentinas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ricardo Peidro, Hugo Cachorro Godoy y Claudia Baigorria, referentes de la CTA Autónoma señalaron los motivos que llevaron a realizar estas denuncias ante el organismo:

“Allí denunciamos un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de cuota sindical, apuntando a una reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle”.

Según lo anticipara el portal InfoGremiales, existió un plan sistemático mediático y judicial preparado desde la cartera laboral bonaerense para difamar al gremio de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) para inducir la baja de salarios, armar causas para enjuiciar a los trabajadores y, como broche de oro, cerrar Astilleros Río Santiago (ARS).

Luego de la difusión del famoso video esclarecedor, prueba incontrastable de lo que significó la guerra judicial o lawfare que libró el macrismo contra políticos, dirigentes gremiales y empresarios durante sus nefastos cuatro años de gobierno, empezaron a surgir nuevos documentos que describen, de manera exhaustiva, la relación directa entre estos ataques planificados hacia los gremios y sus consecuencias inmediatas. Desde el portal de ATE Nación se dio a conocer el plan sistemático mediático y judicial de la administración de Cambiemos en provincia de Buenos Aires para desacreditar y desarticular la organización gremial, bajar salarios, enjuiciar trabajadores y concretar el cierre definitivo de ARS.

De lo reseñado por la organización gremial, a manera de cuadro sinóptico, el gobierno macrista llevó adelante una administración ruinosa al frente del Astillero estatal y los 3.300 trabajadores que empleaba, recortando sistemáticamente su presupuesto con intención de ahogar financieramente la empresa para luego cerrarla.

Resultó claro para el gremio ATE y su dirigencia, que la planificación con golpes dirigidos hacia los trabajadores se orquestaba a modo de tándem entre medios hegemónicos y cierta parte del poder judicial.

La GestaPro de Vidal

La exgobernadora conformaba esta operatoria mediática-judicial, en lo que ella denominaba “Agenda Integral”, que a su vez constaba de tres (3) agendas: “agenda económica”, la “agenda judicial” y la “agenda pública”. Todas estas agendas estaban dirigidas a quebrar la resistencia de los operarios y su gremio, una vez logrado lo cual, se procedía a bajar salarios y flexibilizar sus condiciones de empleo.

La “agenda económica” estaba integrada por los derechos laborales a recortar: comedor, vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones, los “dispensados”, la nocturnidad y las licencias gremiales. Mas tarde, se concretarán los despidos y se echarán a rodar comentarios de un cierre total del astillero, toda una táctica de ablande para lograr el objetivo de máxima.

En las “agendas judicial y pública” de la exgobernadora Vidal, se preveía una primera denuncia en los juzgados, que sería filtrada a los medios afines, para luego reforzarla con una denuncia de asociación ilícita que, a modo de primicia periodística, volvía a retroalimentar el convencimiento de la opinión pública. Es decir, se le “colgaba el Sambenito” a la entidad gremial ante la sociedad con la aviesa intención de dejar inermes a los trabajadores sindicalizados para que la exgobernadora llevara a cabo su ansiado desguace de la empresa.

Los blancos elegidos fueron ATE Ensenada y las gestiones anteriores de ARS, pero no quedaba ahí la cosa, las acciones buscaban no solo disciplinar a los trabajadores, sino también involucrarlos penalmente en los juicios. Estos hechos se pusieron de manifiesto cuando desde la gobernación se les pedía a los funcionarios de turno que tuvieran “proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos” y se les recomendaba presentar una serie de “denuncias penales de hechos ilícitos”, como también filtrar en “off” hipotéticas “amenazas” de trabajadores a directivos y supuestos “discursos que atenten contra el orden democrático”.

Toda una demostración de manejo gangsteril de la gestión Vidal al servicio de intereses inconfesables que tenía su correlato en programas como el de Jorge Lanata, donde la organización gremial aparecía como supuesto “enemigo” público y “mafia” para desarticularla y así hacer “campo orégano” para cerrar el Astillero Río Santiago.

El secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, en una entrevista concedida a Canal Abierto, señaló “En ese entonces no estábamos informados, pero sí sospechábamos algo desde el momento que cayó la intervención armada dentro del Astillero el 7 de mayo de 2018, la cual entró despidiendo gerentes y en su gran mayoría compañeros de carrera que se habían formado dentro de ARS. Esa fue una señal muy fuerte de cuáles eran las intenciones”.

“Después de esto, nos sacaron los derechos que nosotros teníamos por convenio como las vacaciones y el premio a la eficiencia, no nos daban categorías como correspondía y paralizaron todas las obras. Este fue otro paso que dieron para ir acorralándonos. También dejaron de pagarnos la cuota societaria, cortaron todas las licencias gremiales y no pagaron los salarios por ocho meses a los dirigentes gremiales”.

Banegas, referente gremial de ATE Ensenada resulta contundente al sostener que: “Esta persecución, después de la del año 76, fue la peor. Ni siquiera la de los 90 tenía una connotación de este tipo, y ver que un ministro que llamaba a dialogar, que decía que iba a resolver los problemas consensuando, pasó a querer armar una Gestapo. Eso es muy repudiable y es una actitud que la Justicia no puede dejar pasar, que debe investigar en serio y que todas las causas que nos armaron se deben caer. Por un lado, no sorprende, pero por otro todas estas actitudes indignan porque en nuestro caso particular nos hacían seguir con autos negros, sacaban fotos frente a la organización gremial, siempre han buscado intimidar la resistencia de los trabajadores”.

*Abogado UM.