La Justicia Laboral Platense respaldó la multa impuesta por el Gobierno bonaerense a las empresas Rappi y Glovo por contratar personal en forma encubierta e irregular. La derecha y su cruzada anti obrera.
Por Jorge Néstor Juncal*
El incumplimiento de normas laborales de orden público con sus repartidores, como la no exhibición de recibos de haberes y de afiliación a la ART, ha sido la causa de esta multa millonaria impuesta por el Gobierno bonaerense a la empresa. Según fuentes judiciales, los letrados de Rappi interpusieron un recurso de apelación ante la justicia laboral donde planteaban la incompetencia territorial del Tribunal y solicitaban la inconstitucionalidad de la norma que impone el pago previo de la multa aplicada para atender su reclamo. Los jueces desestimaron ambos planteos argumentativos de los letrados, y confirmaron la sanción impuesta por el Gobierno bonaerense.
La evidencia en contra de la empresa de delivery era contundente, durante el año 2020 la cartera de Trabajo de la provincia había labrado actas donde se constataba el incumplimiento de diversas normas laborales en la relación de empleo con sus repartidores, entre ellas la no exhibición de recibos de pagos de haberes y de afiliación a la ART.
En el mismo sentido, días atrás el Tribunal del Trabajo N°4 de La Plata, adoptó una decisión similar confirmando una multa de $ 6.318.000 contra la empresa Glovo por infracciones normativas en materia laboral cometidas en 2020 y constatadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Las actas de constatación de irregularidades laborales habían sido labradas en diversos procedimientos llevados a cabo en las ciudades de La Plata, Quilmes, Martínez, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Lanús, Ramos Mejía, Lomas de Zamora y Banfield.
Las actas de la cartera laboral, avaladas por la justicia, daban cuenta que Kadabra SAS, bajo el nombre de fantasía o marca Glovo y utilizando como medio una plataforma digital “resulta ser empleadora, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), de trabajadores respecto de los cuales no cumple con la normativa específica.”
En relación con este caso, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, señaló que “se descubrió que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, si no los hacen tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces deben estar registrados” y luego agregó “Se dan todos los lineamientos de una relación de dependencia y siguen diciendo que son colaboradores”. Por otra parte, la funcionaria informó que en la cartera laboral detectaron que “el 90 % trabaja mas de siete horas y la mitad, más de nueve horas y, además, la mayoría trabaja los siete días de la semana.”
En declaraciones a Radio Provincia, la ministra se refirió al aval de la Justicia a la multa impuesta a la empresa Rappi por irregularidades laborales considerándola “una oportunidad para regularizar esta actividad y que más trabajadores puedan incorporarse al mundo de los derechos.” Bajo la máscara de un falso cuentapropismo, el fraude laboral está a la vista de todos. A ese respecto, la funcionaria sostuvo “no existe el cuentapropismo de la aplicación de delivery como se puede pensar en una plataforma de profesional, acá dependen claramente de la plataforma.” y señaló que “las empresas de reparto hablan de trabajo independiente, pero uno ve todo lo contrario" los repartidores "pueden ser cancelados, no deciden lo que cobran, y pueden ser expulsados".
Sobre la necesidad de formalizar la actividad de las empresas de repartidores para que no se vulneren derechos laborales, Malec remarcó “Son empresas que lograron hacer escala de una tarea muy atomizada, y eso nos debe permitir regularizar la actividad, no precarizarla".
"No queremos que a ninguna firma le vaya mal. Encontraron una forma de hacer escala en esto, y eso debería permitirnos avanzar en la formalización de los trabajadores".
La ministra se mostró confiada en que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos trabajadores se revierta a partir del fallo, señalando que “pueda dar pie para que haya una conversación entre la empresa y los trabajadores y poner eso en orden.” La funcionaria advirtió que los trabajadores de estas compañías, "si tienen un accidente no están cubiertos como otros trabajadores, no tienen días por enfermedad y otros derechos básicos en empresas que son grandes".
La derecha y su cruzada anti obrera
Frente a los embates de una derecha que se encarniza contra los derechos de los trabajadores para maximizar las ganancias de sus mandantes, el Gobierno bonaerense, haciendo uso del poder de policía laboral, marca la diferencia imponiendo sanciones por violación a la normativa laboral, a un sector empresario que creció al calor de la pandemia.
Está más que claro desde donde habla cada uno de los protagonistas. Allí, vemos resurgir del ostracismo un Ricardo Lopez Murphy, viejo economista devaluado de la Alianza, eyectado de su cargo de ministro de economía por querer aplicar un ajuste bestial sobre la educación pública, con su deseo de volver a los “contratos basura” del menemato y la supuesta “necesidad” de una reforma laboral “que permita contratar y despedir con más facilidad.” Otro exponente perverso de esta teoría flexibilizadora es el precandidato Martin Tetaz, que no se cansa de repetir a quien lo escuche que el “país debe encaminarse a eliminar las indemnizaciones por despido”, como si la raíz de todos los males fueran las trabajadoras y los trabajadores registrados. También es parte de esta cruzada anti obrera, el hoy jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañando discursivamente un anteproyecto del inefable Lousteau, enfatizando que “hay que ir de la indemnización a un seguro”, procurando que sea el trabajador el que soporte el costo de su propio despido.
Todos estos personajes, reaccionarios de poca monta, persiguen la quimera de flexibilizar y precarizar la relación laboral, no solo a los actuales trabajadores registrados, sino también la de aquellos desocupados y jóvenes que se irán sumando, paulatinamente, a la vida laboral. La avaricia de estos personajes no tiene límites, la situación los lleva a desvaríos mentales de creer que pueden llevarse puesta la Constitución nacional y la legislación laboral vigente que garantizan al unísono, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, derecho a huelga y protección contra el despido arbitrario, entre otras reivindicaciones. Pretenden malsanamente retrotraernos a páginas oscuras de la historia superadas en base a luchas y sangre obrera contra un Estado “pre-Peronista”, que miraba con indiferencia absoluta cuando la dignidad del trabajador era sometida a innumerables vejámenes por la Patronal.
Sin lugar a duda, la decisión política de un Gobierno que vele por los intereses del Pueblo trabajador, junto a la voluntad inclaudicable de las Centrales sindicales, serán la mejor garantía para que no se conculquen los derechos adquiridos que hicieron posible aquellas gestas heroicas de nuestro Movimiento obrero organizado.
*Abogado UM
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