La quiebra había sido solicitada por el procurador del tesoro Carlos Zannini. El proceso concursal demandó más de 20 años desde el inicio del concurso preventivo, sin que se arribara a un acuerdo entre el grupo Macri y los acreedores que superara el estado de falencia de la empresa.
[EHM]
El concurso preventivo se había iniciado en septiembre de 2001 a raíz de una deuda de 5000 millones de pesos que, según la Procuración del Tesoro de la Nación, mantenía con el Estado Nacional, como consecuencia de no haber pagado, durante años, el canon por la concesión del correo oficial.
Producto de las privatizaciones realizadas por el gobierno de Carlos Menem, el correo oficial estuvo en manos del Grupo Macri entre 1997 y 2003, hasta que el presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la licitación debido a que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año de concesión. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri, el procurador del Tesoro, Saravia Frías en representación del Estado había aceptado una propuesta de pago de la deuda en 15 cuotas, pero no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, determinó que la misma era “abusiva” y “ruinosa” para el fisco.
Este hecho le valió a la fiscala Boquin, a instancias del procurador interino Eduardo Casal, que en 2017 se le instruyera un sumario por denuncia de maltrato, mobbing, castigos y supuestas amenazas a empleados, entre otras acusaciones. Recién este año el fiscal Fabian Celis, que fuera designado para investigar y analizar el caso, concluyó que “no ha sido probado” ninguno de los hechos que se le endilgaron a la funcionaria judicial.
En los últimos intentos realizados por Correo Argentino, se había incrementado la oferta a 1011 millones de pesos, por todo concepto, pero estaba lejos de los cálculos del Ministerio Público Fiscal, que la había situado por encima de los 5000 millones de pesos.
Fundamentos del fallo
La jueza expresa que "el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses", sin embargo lo rechaza porque su cálculo no llega a compensar "ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003 del 19.11.2003".
En su fallo de 44 fojas, la magistrada sostuvo que la oferta realizada por la empresa postal “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, mas “no abarcaba el valor actual de la misma.”
La ley de Concursos y Quiebras estipula en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite".
De las 6 firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino S.A. “mantuvo el interés de seguir con el trámite”, y sostuvo que la propuesta realizada, no cumplía con las expectativas de los acreedores.
En relación con el tiempo transcurrido desde la apertura del concurso preventivo del Correo Argentino y la situación de los acreedores quirografarios o comunes (categoría C), que habían prestado conformidad a la propuesta hace casi 20 años, la jueza Cirulli expresó en su fallo: "A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas".
Por otra parte, la jueza dejo en claro su postura al rechazar las acusaciones lanzadas desde la empresa postal contra la Procuración del Tesoro, al ratificar que “No encuentro ahora -como no encontré el 18.3.2010- mérito para calificar al Estado Nacional como acreedor ´hostil´ tal como se irá viendo".
"Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de ´hostil´ al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente".
Medidas solicitadas por la jueza
Las medidas que solicitó la jueza fueron oficiar a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central, requiriéndole que informe “el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires".
También, ordenó la incautación de los bienes de Correo Argentino para ser rematados "difiriéndose la designación de martillero y la modalidad de realización para el momento en que se cuente con el inventario de bienes, sean incautados los mismos y se acredite que el dominio se encuentra en cabeza de la fallida".
La jueza Cirulli, en la certeza de las repercusiones que podría tener su decisión, aclaró:
“Efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada".
Asimismo, la magistrada intimó a Correo Argentino, “sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad".
De victimario a víctima
Este fin de semana, el expresidente Mauricio Macri, de visita en Europa, seguramente teniendo indicios del fallo de la jueza Cirulli, recurrió a las redes sociales para publicar una carta en la que se colocó él y a sus hijos en calidad de “víctimas” de una “persecución política”.
“El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tiene como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino S.A.”
Macri en su nota exculpatoria asegura que “el procurador Carlos Zannini, actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” por Correo Argentino y que perseguía como objetivo “la quiebra de la empresa”, luego se pregunta ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza.”. En conocimiento de estas declaraciones el viceministro de Justicia, Martin Mena, calificó el hecho de “verdaderamente ridículo”, lo que ocurre es que “él no tolera que la Justicia pueda avanzar”, enfatizó.
En ese sentido, aseguró que “el expresidente tendrá que dar explicaciones de lo que hizo”, ya que hay pruebas contundentes de cómo él manipulaba la administración de Justicia con fines de persecución política”, para luego sentenciar “Usar la Casa de Gobierno para cometer delitos es inaceptable”. En perfecta coordinación, Horacio Rodriguez Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Maria Eugenia Vidal salieron a respaldar al expresidente en las últimas horas.
Como es su costumbre, el exmandatario elige como “chivo expiatorio” al Gobierno nacional, cuando está claro que la quiebra devino de una añeja deuda de cánones impagos con el Estado por la concesión del correo oficial, y la carencia total de propuestas que complacieran a los acreedores, entre ellos el Estado Nacional. Nada inocente, asume una postura autorreferencial, enrostrando “persecución y venganza” al gobierno, mientras hoy hay quienes sufren ese mismo escarnio, por el solo hecho de ser sus opositores. Una suerte de juego de espejos, donde solo él, puede contemplar sus propias miserias.
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