La denuncia penal fue presentada por altos funcionarios del Gobierno Nacional ante los Tribunales Federales. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, suscribieron la denuncia.
[EHM]
La presentación acusa “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
En el escrito se hace mención que el objetivo de aquel envío ilegal fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales.” Mas adelante, en el escrito judicial se indicó que “El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
Las maniobras dieron estado público cuando desde la embajada argentina en Bolivia se tuvo conocimiento de una misiva firmada por el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida a manera de agradecimiento al entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, donde se da cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas. El material bélico remitido y puesto a disposición de la dictadura de Áñez, y de acuerdo con la misiva mencionada, habría consistido en, al menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, sin embargo, todo hace suponer el envío de una cantidad mayor a la allí descripta. El 9 de julio el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, dio a conocer la carta del general Terceros Lara en conferencia de prensa.
El embajador de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró que “se ha corroborado” el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Macri remitió en 2019 a Bolivia.
Entrevistado por Radio 10, señaló “La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos", y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere "ni olvido ni perdón, sino justicia".
La sorpresiva e indignante noticia motivó que, desde el Gobierno nacional se dispusieran diferentes pesquisas administrativas para dar con más información y documentación que avalara el envío del material bélico. La maniobra habría contado con la participación de Mauricio Macri y Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Alvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)”. También se involucra en la denuncia a Gerardo José Otero (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Ruben Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina).
La presentación judicial indica que con la información hasta ahora obtenida, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".
El artículo 219 de nuestro código penal reprime con la pena de prisión de uno a seis años “el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.”, y la pena se incrementa de tres a quince años de reclusión o prisión, “si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra”. En el caso del artículo 220 del Código Penal, señala que se impondrá prisión de seis meses a dos años, “al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras”.
La denuncia argumenta que “se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina” pero dio cuenta que dicho material se desvió “hacia las fuerzas armadas bolivianas”. Los funcionarios firmantes señalaron en el escrito que “La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas 'masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata".
Las autoridades nacionales no podían desconocer que enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra el pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas", concluye la denuncia.
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