El Gobierno nacional dispuso para los próximos 12 meses que sea la Administración General de Puertos (AGP), el organismo responsable de las operaciones de la Vía Navegable Troncal Paraguay - Paraná.
[EHM]
Este jueves se publicó en el Boletín oficial el decreto 427/2021, donde se oficializó la decisión del Gobierno nacional de dejar la vía navegable troncal Paraguay Paraná bajo control estatal por los próximos 12 meses. La medida oficial responde al vencimiento de la concesión del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, y la decisión de restituirle al Estado la responsabilidad del cobro de los peajes de entrada y salida de mercaderías por allí transportadas.
La decisión del Gobierno nacional había sido anunciada días atrás por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, atendiendo una iniciativa del senador Jorge Taiana del Frente de Todos, quien cuestiona la gestión del consorcio Jan de Nul – Emepa de los últimos 25 años.
¿Qué dice la normativa?
Mediante el decreto, el Poder Ejecutivo Nacional le otorga a la Administración General de Puertos (AGP), la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
La AGP deberá tomar “al personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare prestando servicios para la misma”.
El plazo de 12 meses, es prorrogable hasta la toma del servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación, como también la determinación de la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la tarifa o peaje que percibirá la AGP. Otra de las operaciones asignadas a la AGP será determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la vía Navegable TTroncal Esto permitirá afectar o desafectar del alcance y objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.
Así también, deberá establecerse un procedimiento de revisión de tarifas o peajes, teniendo en cuenta a todos los actores obligados al pago. El organismo deberá planificar las obras a ejecutar, según parámetros técnicos, como también respetar niveles de calidad o estándares exigidos para una adecuada prestación de los servicios involucrados.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó que a partir de esta medida comienza el proceso del llamado a licitación para “sostener esta red troncal tan vital para la economía de nuestro país. Tenemos que empezar a diferenciar algunas cosas dentro de lo que es la Hidrovia”, para luego advertir que “es un conjunto de situaciones que, por ahí, en el debate, se entremezclan…lo que le corresponde al Ministerio de Transporte y, en este caso a la AGP, es el mantenimiento de la obra civil”.
Delimitando las funciones que se le concedió a AGP, el ministro explicitó que:
“Cuando se habla de contrabando, de falta de control y demás, en realidad son situaciones que suceden en la Hidrovía, que tiene organismos de control del Estado que están con la actual concesión y van a estar con las futuras concesiones”.
También enfatizó que "esta licitación que está tan discutida, en realidad lo que sí va a abordar con mucha fortaleza, dentro de un año y pico, cuando se termine esta concesión a la que arribamos por la licitación corta, es un Ente de control con una activa y fuerte participación de las provincias que tienen vinculación con el río".
En ese sentido, Guerrera señaló que los próximos pasos a seguir serán "elaborar un pliego de condiciones generales, específicas y técnicas para salir con una licitación que va a durar entre doce y quince años, y que va a contemplar justamente todos aquellos aspectos, como por ejemplo la creación del Ente, que lo preveía la licitación vigente, pero que nunca se aplicó".
Precedentes del caso Hidrovía
La reforma portuaria del gobierno del expresidente Carlos Menem de 1995 desactivó, paulatinamente, la Dirección Nacional de Vías Navegables, repartición estatal que se encargaba del dragado o mantenimiento de las profundidades de los puertos y canales. Ante esta situación, y particularmente en el caso de Hidrovía, la decisión de aquel gobierno fue licitar su mantenimiento a través de un sistema de Concesión de Obra Pública por Peaje. La concesionaria seleccionada para el dragado y balizamiento de la vía navegable, cuyo contrato venció en abril de este año, fue Hidrovía SA, UTE formada por Jan de Nul, empresa de dragado de origen belga y EMEPA, empresa argentina que realiza tareas de balizamiento.
El presidente de EMEPA, Gabriel Romero, oriundo de Chascomús, chatarrero de profesión, fue hábil en tejer contactos con la familia Alfonsín, hecho que le facilitó devenir en magnate gracias al Pacto de Olivos que, por lo visto, no solo sirvió para reformar la Constitución Nacional en 1994. Pasaron gobiernos de distinto signo, se dictaron cuatro prórrogas, pero Romero y los belgas siguieron unidos. Durante el gobierno de Macri, precisamente en el mes de agosto de 2018, el dueño de EMEPA se presentó como “arrepentido” en la causa “cuadernos” ante el extinto juez Bonadio y el fiscal Stornelli. En esa audiencia judicial declaró suelto de cuerpo que, él había pagado coimas a exfuncionarios del gobierno de Cristina con el fin de prorrogar la concesión de la Hidrovia por 10 años. Tiempo después, estas mismas declaraciones se le volverían como búmeran, produciendo su procesamiento en la causa por falso testimonio.
Ahora bien, la cuestión de la Vía Navegable Troncal Paraguay - Paraná empezó a ser abordada por el Gobierno Nacional desde el inicio de su gestión, pero recién a comienzos de este año conformó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, a cargo de Pablo Barbieri. Luego se constituyó el Consejo Federal de Hidrovía, cuya primera reunión fue a fines de febrero en Rosario, con la participación de organismos nacionales, gobiernos provinciales, entidades gremiales, empresarias, sindicatos y universidades.
A partir de esta decisión del Presidente Alberto Fernandez, se demuestra como hecho inequívoco, la viabilidad de que el Estado realice las tareas que antes, por conveniencia de algunos, se le negaba para asignárselas a empresas extranjeras o de dudosa procedencia.
De continuarse en la línea emprendida, en defensa de la soberanía de nuestra principal vía fluvial navegable, se beneficiará al país a partir de un mejor control de sus importaciones y exportaciones, hecho que posibilitará la recuperación de recursos que tenía vedados desde hace más de dos décadas.
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