Los representantes oficialistas de la Auditoría General de la Nación detectaron maniobras irregulares en las emisiones de deuda del gobierno de Macri en 2017. El organismo de control también investigará si se utilizó una metodología similar en la deuda contraída con el FMI.
[EHM]
En una sesión del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se llevó a cabo el jueves pasado, se emitió un dictamen de mayoría de “abstención de opinión”, como consecuencia de las “numerosas irregularidades encontradas en el manejo de la deuda pública durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri”. Según el dictamen, dichas irregularidades impiden convalidar la ejecución presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión perteneciente al ejercicio fiscal 2017.
La AGN es el organismo estatal que analiza los estados contables y la ejecución presupuestaria que presenta anualmente la Administración Pública Nacional. La deuda pública contraída ese año por Mauricio Macri, representa el mayor endeudamiento externo de la historia argentina y fue tomado sin “un análisis de sustentabilidad” ni “del riesgo cambiario”, entre otras irregularidades encontradas.
De la sesión participaron el titular del Colegio de Auditores, Jesús Rodriguez (UCR); y los auditores generales Maria Graciela de la Rosa, Javier Fernandez, Juan Ignacio Forlón del Partido Justicialista (PJ), Gabriela Mihura Estrada (Frente Renovador), Miguel Angel Pichetto (Juntos por el Cambio) y Alejandro Nieva (UCR).
El dictamen técnico del organismo “es imprescindible para que el Congreso pueda evaluar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el manejo de los fondos públicos”.
Otra vez la Planilla de cálculo
El dictamen de los auditores indica que pudo constatarse que el gobierno de Macri “carecía de una estrategia de endeudamiento de acuerdo a los lineamientos internacionales y que tampoco realizaba análisis de sustentabilidad de la deuda y del riesgo cambiario”. Además, el documento señala que se “llevaba el registro histórico de las emisiones en forma precaria en una planilla Excel que es fácilmente modificable y por fuera del sistema de registración oficial de la deuda pública’.
La planilla de Excel un protagonista clave en el gobierno de Mauricio Macri, fue implementada por Juan José Aranguren, quien se valió de la famosa hoja de cálculo para contabilizar los tarifazos de luz y gas de su primer año de gestión en el Ministerio a su cargo.
Las emisiones de deuda pública de 2017, según pudo constatarse, no habían quedado registradas en el Sistema de Gestión de la Deuda Pública (SIGADE), pero si aparecieron en un DNU firmado por Macri el 12 de diciembre de aquel año y en el Excel, que bien pudo retocarse hasta minutos antes de enviarse. La planilla de cálculo utilizada no estaba encriptada para resguardar la información, sino que era de libre acceso. Si bien los auditores no cuestionan la autorización de Macri a través de un decreto, pero si el posible uso retroactivo del mismo.
“El auditado contestó que la base de datos utilizada para tener un control de la numeración es un archivo Excel no especificando que sea este un registro único y general. Tampoco se hace referencia a la existencia de un mecanismo de seguridad que evite que sea vulnerado.”
Por su parte, los auditores detectaron que el monto no registrado en el SIGADE representa una parte de la deuda tomada por encima de la autorizada en el Congreso en la Ley de Presupuesto. A través del DNU 1013/2017 de diciembre y el 595/2017 de unos meses antes, el gobierno Macrista había colocado bonos por 390.043 millones de pesos, unos 22 mil millones de dólares, según cotización de esos días, siendo solo el 23 % del endeudamiento de ese año.
De constatarse irregularidades similares en el crédito del FMI, los auditores tampoco avalarán la gestión de Macri y sus exministros de Hacienda y Finanzas, quienes deberán ser convincentes si son citados a explicar las planillas Excel ante la justicia.
Emisiones de bonos de deuda
El colegio de auditores encontró que “el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional” y que esa anormalidad “intentó subsanarse con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin embargo, el mismo tenía fecha posterior a varias emisiones de deuda realizadas.” Esto significaría que el gobierno macrista colocó bonos sin autorización del Congreso, y es de presumir que haya pasado lo mismo con el crédito del FMI.
El ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo era el responsable de esta tarea por aquellos días, ya que en diciembre de 2016 había dejado la cartera de Hacienda, con el reemplazo de Nicolás Dujovne por Alfonso Prat Gay. Este manejo espurio de las emisiones, generó un incremento de la deuda pública en torno a los 48.723 millones de dólares, que representó un aumento del 18% en dólares con respecto del año anterior.
El 70% de las emisiones de deuda fue en moneda extranjera, el 30% de la deuda fue a tasa variable y el 30% vencía en 2018 y 2019.
Este documento deja expuesta la responsabilidad del expresidente y sus funcionarios frente a cualquier reclamo judicial. Como era de esperar, los representantes de Cambiemos en un dictamen de minoría, defendieron las emisiones de deuda de Macri asegurando que los trámites cumplieron “la totalidad de los requisitos técnicos y legales, según dejaran constatado hace casi dos años la comisión de deuda y la comisión de cuenta de inversión respectivamente.” Además, rechazaron la decisión señalando que "Los auditores no deben ni pueden juzgar los criterios políticos de gestión ni las decisiones de política económica, ya que ello es materia exclusiva del Congreso de la Nación”.
Esta deuda contraída irregularmente, llegó al absurdo de colocar un título de deuda externa a 100 años de plazo, con un interés del 7,9% anual, por el cual a su vencimiento debían pagarse $s 21.725 millones de dólares en concepto de intereses".
Deuda con el FMI
Esta situación hizo encender luces de alarma en el organismo de control, especialmente en los cuatro representantes oficialistas, quienes comenzarán a evaluar en detalle el crédito que el FMI le otorgó a Macri en 2018, ya que se presume la existencia de operaciones semejantes a las que se detectaron en los documentos de deuda de 2017, no validada por los auditores. El documento de la AGN servirá de prueba en la causa judicial, en la que por orden del Presidente Alberto Fernandez, el Gobierno se constituyó como querellante y se investiga la supuesta “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de Mauricio Macri a la hora de solicitar un crédito bajo condiciones insustentables.
Se estima que el estudio de la AGN también acompañe el reclamo que la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner y los senadores, que hicieron al FMI por la violación del artículo IV de su carta orgánica que establece “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
Pruebas al canto, la formación de activos externos que facilitó Macri no hubiera podido concretarse sin la ayuda del FMI. A partir de estos precedentes, desde el Gobierno nacional se confía en poder negociar mejores condiciones para devolver el crédito. El FMI también sigue de cerca esta investigación y en noviembre la misión que envió al país se reunió con el presidente de la AGN, el radical Jesús Rodríguez, de escaso peso en el organismo ya que la oposición solo posee 3 representantes sobre 7.
Todo indicaría que se usó el mismo modus operandi al de la deuda de 2017, de modo que, si bien el primer desembolso del FMI de 5.631 millones de dólares se concretó en octubre, recién en noviembre se firmó un decreto para ampliar el presupuesto con ese ingreso y el de la segunda cuota, es decir, se operó sobre los hechos consumados. En uno de los anexos se estimó un desembolso de 420.000 millones de pesos provenientes del FMI, poco más de 11.000 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha, cuando el acuerdo firmado por Macri indicaba que se recibiera 7.700 millones de dólares en diciembre y 11.000 en marzo de 2019.
Su derrota electoral en las PASO condicionó los términos del acuerdo con el FMI, y los giros se detuvieron en casi 45.000 millones de dólares, no pudiéndose completar los 57.000 millones pactados. El contrato suscripto con el organismo financiero tiene un cronograma de devolución hasta 2024 que con intereses incluidos suman 53.000 millones de dólares, lo que demuestra una presunta conducta delictiva en caso de comprobarse judicialmente estas maniobras.
Es de esperar que el Congreso evalúe el informe de la AGN, tal vez resulte incierto en un año electoral, de allí que el expresidente se juegue una “carta brava” en estas elecciones para torcer la decisión en Diputados. Sin embargo, en caso de que el Frente de Todos consiga mayoría en Diputados para darle validez jurídica definitiva al documento, así como se encuentra, la estrategia electoral del expresidente podría verse eclipsada y con panorama judicial incierto.
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