La mayor organización de policía internacional emitió una alerta roja en replica al pedido de captura internacional que dictó la jueza Maria Servini. Previamente deberá resolverse su pedido de refugio a las autoridades uruguayas.
[EHM]
El organismo emitió una notificación roja de captura contra el exasesor e integrante de la mesa judicial del expresidente Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, que sigue prófugo en Uruguay. El pedido de extradición fue ordenado por la Jueza Federal María Servini, que lo investiga por el hostigamiento y ahogo financiero al Grupo Indalo de Cristóbal López, durante la gestión del expresidente. La notificación provino de la “División Investigación Federal de Fugitivos y extradiciones”, en el marco de la causa caratulada “Mauricio MACRI y otros S/asociación ilícita”, a cargo de la jueza Servini. La magistrada había solicitado su captura internacional el 19 de mayo último, tras una presentación de su abogado defensor, Gustavo de Urquieta, donde informaba que su defendido había iniciado trámites para conseguir refugio en el vecino país.
“Pepín” Rodriguez Simón, ratificó esta información en una entrevista en el canal LN+ y al hacer conocer una carta pública en la que se victimizaba como “perseguido político” del kirchnerismo, excusa mediática que apuntaba a eludir la indagatoria que la jueza le había fijado para el 17 de junio.
Roles del ex asesor fugitivo
Durante el gobierno macrista, Rodriguez Simón ocupó el directorio de YPF y desde 2015, es parlamentario en el Parlasur, condición que no lo exime de presentarse ante la Justicia argentina. En la última reunión del Parlasur se pidió la expulsión del cuerpo por estar en situación de rebeldía ante la justicia argentina. Pepin cumplió un rol relevante como integrante de la mesa judicial del gobierno de Macri, y solía ocupar el despacho de José Torello, jefe de asesores del expresidente en el primer piso de la Casa Rosada. Desde allí, fue una pieza clave para hostigar a los directivos del Grupo Indalo, según declararon Fabian de Sousa y Cristóbal López.
Las pruebas de la persecución pudieron rastrearse en fechas claves, a partir de octubre de 2015, cuando, según declaró Cristobal Lopez, dueño de C5N, el expresidente lo había citado a una reunión en la que lo conminó a que pusiera sus medios de comunicación al servicio de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. En los entrecruzamientos de llamadas, surgieron contactos habituales con el ex ministro de Justicia, German Garavano y el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, con el primero se detectaron 162 llamados, mientras con el segundo, 59.
Hay un elemento clave para determinar que el exmandatario se comunicaba asiduamente con Pepín y, en forma conjunta, con el ex procurador del Tesoro, Saravia Frías, los registros del celular de Darío Nieto, su secretario personal. Las llamadas registradas en dicho celular se dieron con frecuencia durante el último año de mandato de Macri, donde la situación judicial en algunas causas del exmandatario, empezaba a preocuparlo.
El ex asesor judicial de Macri, también deberá responder en otra causa donde se investigan la presiones de la “mesa judicial” de Macri a jueces y fiscales, especialmente, su participación en la renuncia forzada de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Trámites ante la justicia uruguaya
La semana pasada, Rodriguez Simón tuvo que apersonarse ante la Jueza uruguaya Adriana Chamsarián, quien tiene a su cargo el trámite del pedido de extradición de la Jueza Servini a las autoridades del hermano país. Rodriguez Simón ratificó su voluntad de no volver a la Argentina, y que se encontraba gestionando la solicitud de refugio, que había iniciado a comienzos de mayo. La jueza uruguaya ordenó retener su pasaporte y le dictó la prohibición de salida del país.
El pedido de extradición está supeditado a la resolución de la solicitud de refugio en Uruguay.
A ese efecto, la jueza Chamsarián deberá contar con el dictamen de la Comisión de Refugiados (CORE). Esta comisión está integrada por representantes del Ejecutivo y Legislativo uruguayo, la Universidad de la República y miembros de ONGs. De acuerdo a trascendidos, la Comisión podría expedirse en los próximos 90 días, en el mejor de los casos. También falta conocer la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero no tendrá la última palabra sobre este asunto.
Si bien las promesas del gobierno uruguayo son de darle celeridad al trámite de la extradición, Rodriguez Simón especula que la alerta roja de Interpol no se efectivizará hasta que no sea resuelta su solicitud de refugio. Mientras tanto, Pepin Rodriguez Simón, aprovecha su tiempo para asesorar a inversores que desean hacer negocios en Argentina, según lo indicó su abogado. Además, está abocado a un proyecto comercial en el área de Maldonado y a otro inmobiliario en Rocha, lo que trasunta su decisión de que llegó a la vecina orilla para quedarse.
Más pronto que tarde, es dable esperar que se terminen frustrando las ansias de impunidad que motivan a “Pepin” Rodriguez Simón a eludir la acción de la justicia. De lograrse esto, daremos como sociedad un paso más en echar luz sobre lo que significó en Argentina la institucionalización del Lawfare.
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