La Jueza Servini también ordenó la medida cautelar de inhibición general de bienes, que le impedirá al exfuncionario imputado en la causa, vender o gravar cualquier cosa mueble o inmueble registrable de la que es propietario, y el congelamiento de todos los productos bancarios a su nombre.
[EHM]
Asimismo, la jueza federal ordenó la inhibición general de bienes y el congelamiento de todos los productos bancarios de su titularidad. Las medidas fueron dispuestas después que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre, y su negativa a regresar al país para prestar declaración indagatoria, prevista para el próximo 17 de junio. Estos dichos fueron ratificados por su abogado defensor mediante un escrito presentado ante el juzgado de la jueza Servini. En su resolución, que consta de 18 fojas, la jueza Servini manifestó que:
El pedido de asilo político de Rodríguez Simón a Uruguay es “absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación”. La jueza advierte que el ex funcionario de Cambiemos “recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara.”Servini argumenta que el exfuncionario macrista conocía la existencia del proceso a mediados de 2019, y señala que “Rodríguez Simón tenía pleno conocimiento de su existencia al menos desde julio o agosto de ese mismo año”. Respecto a las garantías del debido proceso, la jueza afirmó que, desde el primer momento, “Pepin” Rodriguez Simón, “se pudo defender con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida, como él manifestó públicamente.”.
La magistrada remarcó que, el procesado goza de todas las instancias judiciales para hacer valer su derecho: “Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”.
Así, la jueza Servini decretó su rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional manifestando: “Debo hacer notar que en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay – Ley n° 25.304)”.
Adicionalmente a esta medida, la magistrada advirtió que “se librará además exhorto internacional a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón…y se prohíba su salida de ese país”.
Servini mostró su desconcierto por la actitud del exfuncionario macrista de colocarse en papel de prófugo de la justicia, al afirmar que “recientemente solicitó medidas de prueba que iban a ser complementarias a su descargo, con lo cual la situación en que se encuentra no es nueva para él.” Así también, la jueza remarcó que su procesamiento no responde a una sed de venganza o persecución política dado que:
“Luego de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener”, sino que “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público no puede ser entendida como suficiente para estos fines.”Según surge de la resolución de la magistrada, en esta causa se investiga la supuesta comisión de delitos procedentes de “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”. Esta medida impacta de lleno en los referentes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Elisa Carrió, con quienes el imputado en la causa tenía intima llegada durante el gobierno de Cambiemos.
¿Quién es “Pepin” Rodriguez Simón?
El exfuncionario macrista se desempeñó como director de YPF durante el gobierno de Cambiemos y diputado del Parlasur. Fue abogado asesor de Mauricio Macri, también del grupo Clarín. Se lo sindica como uno de los principales operadores del gobierno de Cambiemos que motorizaba la estrategia de alentar y armar causas judiciales contra opositores políticos, y perseguir a jueces y juezas que no comulgaran con el “Lawfare”. Impulsor de la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, cuyas candidaturas después fueron validadas por el Senado. En 2008, cuando Macri era jefe de gobierno porteño, fue titular de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), organismo desde donde se ordenaban hordas para apalear a personas en situación de calle.
La carta de Pepín
En su carta difundida por los medios, el operador macrista señala que tiene “fundados temores de que” si volviera a la Argentina sería “privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal en el marco de causas judiciales amañadas”.En su texto se muestra como un simple exasesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciado por reclamar impuestos a los concesionarios del juego. En el canal LN+, cuyo dueño es su mentor Mauricio Macri, dijo que su petición a Uruguay “tiene un efecto de protección pero es un castigo”. “Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires, más allá de la hospitalidad de los uruguayos (…) y estoy acá condenado por las irregularidades (sic) y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina”.
La reacción de Cristina
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no perdió la oportunidad de dar su opinión al ver en televisión la cara de Rodríguez Simón y el zócalo que anunciaba su pedido de asilo político en Uruguay. En un texto compartido en redes sociales lo catalogó como integrante de la “mesa judicial macrista -la misma que decidía procesamientos y encarcelamientos-“, al tiempo que describió que se le vinieron imágenes a la mente, el recuerdo de “Héctor Timerman regresando de Estados Unidos enfermo con un cáncer terminal e interrumpiendo su tratamiento por la citación judicial de Bonadío”, como también “los desfiles mediáticos de exfuncionarios esposados enchalecados, encasquetados y en condiciones humillantes, sometidos a paseos frente a las cámaras de televisión de los medios hegemónicos que, con una “inexplicable” premonición siempre sabían a qué hora y donde iban a suceder las cosas”.
Cristina enfatizó que“Nunca -y cuando digo nunca es nunca- ninguno de los dirigentes perseguidos, procesados o encarcelados injustamente hizo el más mínimo gesto de sustraerse a la acción, en muchos casos hasta ilegal, del Poder Judicial”. Finalizando mostró estupor por la decisión del exfuncionario de profugarse y solicitar asilo por un llamado a indagatoria.
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