Estado Nacional querellará a Macri y sus funcionarios por la deuda con el FMI

Alberto Fernández instruyó al Procurador del Tesoro Nacional que constituya al Estado como querellante en una causa penal iniciada por la Oficina Anticorrupción, a raíz del endeudamiento propiciado por el ex presidente Macri y sus funcionarios ante el FMI.

[EHM]


El Presidente Alberto Fernández dictó el Decreto 239/2021, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial, acompañado por las firmas del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ministro de Justicia, Martín Soria y el Ministro de Economía, Martín Guzman, instruyendo al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zanini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del ex Presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno, por el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El artículo 1° del decreto remite a la causa N°3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” que se encuentra radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal, que se originara a partir de la denuncia del Dr. Felix Crous titular de la Oficina Anticorrupción (OA). Con el dictado de este decreto, el Gobierno nacional hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 4° de la Ley 17.516, el cual prevé que:
El Estado puede asumir la función de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y, particularmente, cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.
El mismo artículo 1° del decreto ordena al Procurador a que “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado.”

El decreto hace referencia a la Carta de intención de fecha 12 de junio de 2018 y sus ampliaciones, donde se solicitó formalmente apoyo al FMI mediante un acuerdo Stand-By a tres años, como respaldo financiero a un supuesto plan económico descripto en los Memorándums de entendimiento con el organismo. Los imputados en la causa iniciada por la Oficina Anticorrupción son Mauricio Macri, en su carácter de presidente de la Nación, Nicolas Dujovne, en su rol de ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, ambos presidentes del Banco Central.

Lo cierto es que producto de la ampliación del préstamo solicitado al FMI por las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, a tan solo 4 meses de la primer Carta de Intención, el escandaloso acuerdo alcanzó la friolera suma de 57.000 millones de dólares, convirtiéndose Argentina en la única nación del globo en obtener un préstamo que representa el 1277 % de la cuota del país en dicho organismo. Como si no pudiera ser de otra manera, Macri y los funcionarios implicados, creyéndose dueños de la situación y con total “impunidad de clase”, conculcaron el artículo 75 incisos 4 y 7 del Capítulo Cuarto, Atribuciones del Congreso, de la Constitución Nacional, donde se le otorga facultades específicas a ese Poder del Estado como “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Tamaño dislate tuvo una explicación que vino de la geopolítica, Mauricio Claver-Carone, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y alto funcionario del equipo del ex presidente de EEUU, Donald Trump, reveló que el monumental préstamo fue concedido por razones políticas y pese a la oposición de los gobiernos europeos, debido a la presión de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar al gobierno de Macri para que lograra la reelección en 2019.

El presidente Alberto Fernández, al abrir las sesiones del Congreso el 1° de marzo último, se refirió al endeudamiento del gobierno de Macri como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, en momentos en que se comprometía frente a la Asamblea Legislativa, a darle inicio a la investigación de lo acontecido, adelantando que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la confección y presentación de la denuncia por la Oficina Anticorrupción (OA) , y finalmente con este DNU se concreta la constitución del Estado como querellante en la causa iniciada por la OA.
En este marco, y en línea con lo expresado en el inicio de sesiones del Congreso, el Presidente insta al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Esto significa que tanto el ex presidente como los funcionarios corresponsables de suscribir este ruinoso acuerdo de la Argentina con el FMI, deberán responder con sus patrimonios si se prueba la comisión de delitos en esta toma de deuda. También se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que valorice el daño económico inferido al fisco señalando en primer término se “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada.

Oportunamente, este organismo había concluido que la celebración del Acuerdo Stand-By suscripto por Macri con el FMI en 2018 adolecía de flagrantes irregularidades, a saber: a) no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By; b) los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente; c) la firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo; d) se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación de la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento y e) se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI. 
Adicionalmente a estas “irregularidades” que lindan con lo delictual, la Sigen basada en el informe “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019” del Banco Central, publicado el año pasado, señala las consecuencias perjudiciales que le trajo al país la formación de activos externos de libre disponibilidad (FAE) o fuga de capitales a partir de mayo de 2018, momento en que se aceleran estos movimientos hasta el fin del mandato de Macri llegando a los 45.000 millones, pulverizando el préstamo del FMI y totalizando 86.000 millones de dólares, en tan solo 4 años de pandemia macrista.
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos en perjuicio del Estado y la relevancia económica del préstamo del FMI, el Gobierno nacional promueve que se adopten los cursos de acción necesarios para determinar responsabilidades, penales o de otra índole, que originaron las irregularidades administrativas señaladas por la Sigen, la formación de activos externos (fuga) denunciado por el Banco Central, como así también, las presuntas conductas delictivas que tuvieron causa y origen a partir del acuerdo Stand-By con el FMI. La Justicia tendrá la última palabra.

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