Por la Querella criminal los ex funcionarios macristas Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris, podrían verse obligados a responder patrimonialmente en caso de que la justicia los considerara responsables por las irregularidades cometidas al tomar el crédito con el FMI en 2018.
Por Jorge Néstor Juncal*
La política económica del gobierno de Cambiemos se sustentó en dos ejes principales, según el Dr. Eduardo Basualdo, economista (UCA) y doctor en historia (UBA), autor de la obra “Endeudar y fugar”, estribó “en modificar la estructura estatal que se conformó durante el ciclo de los gobiernos kirchneristas, es decir, adecuarla a las necesidades de una transferencia de la regulación al “mercado”, que no es otra cosa que dejarla en manos de los sectores oligopólicos”. Recordemos la eliminación del llamado “cepo cambiario” por Macri en 2016, que posibilitó la liberación del mercado de capitales. Esta medida de control de capitales había sido implementada por la ex Presidenta Cristina Fernández en 2011, con el objeto de administrar las divisas de reserva del Banco Central, a la vez que frenaba el aumento de la formación de activos externos (fuga).
El otro consistió en “poner en marcha una política de “ajuste económico” que incluye, entre otros factores, una devaluación junto a un incremento de las tarifas de los servicios públicos, lo que implicó un salto significativo en el ritmo inflacionario que generó una reducción del nivel de actividad económica y una reversión de la participación de los asalariados en el ingreso tanto por caída del salario real como por el incremento de la desocupación.”
El perverso proceso económico que Macri puso en marcha produjo reducción en la inversión productiva y recesión económica, metas ansiadas por la antipatria que representaba, para torcer la tendencia en la distribución del ingreso mediante reducción del salario real, expulsión de mano de obra, explotación vía intensidad del trabajo y desplazamiento de la estructura económica de los pequeños y medianos empresarios en favor de los oligopolios.
Según Basualdo, el cambio en el régimen de acumulación residió en “asegurar el funcionamiento estatal mediante un masivo endeudamiento externo y, al mismo tiempo, garantizarle al capital oligopólico una mayor tasa de ganancia mediante la valorización financiera, tanto externa como interna”, la trillada estrategia para cometer el “crimen perfecto” de la deuda.
El informe oficial del Banco Central, publicado entre abril y mayo del año pasado, puso en blanco sobre negro lo ocurrido en materia de regulación, acceso y funcionamiento del mercado de cambios en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. La formación de activos externos (FAE) o “fuga de capitales”, se multiplicó por tres, superando la escalofriante suma de 86.000 millones de dólares. Durante la primera fase de auge de ingreso de capitales, señala el informe, la FAE de los residentes alcanzó los 41.000 millones de dólares, pero en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la fuga llegó a los 45.000 millones de dólares.
Además, el documento explica el comportamiento de un conjunto de factores económicos que medraron a costa del Pueblo argentino, señalando que “la fuga de capitales presenta una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares”. Pero de esos casi 25.000 millones de dólares fugados, los 10 principales compradores explica la formación de activos externos por 7.945 millones. Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos. Mientras en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones de dólares en compras netas durante el período.
El informe arrojó como conclusión que “A finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados”, enfatizando que:
“las estadísticas respecto de lo ocurrido en el mercado de cambios ratifican que la fenomenal deuda externa contraída en el período tuvo como correlato principal una caudalosa formación de activos externos”.
Querella criminal
El discurso presidencial de Alberto Fernández en la apertura del 139 período de Sesiones Ordinarias del Congreso, fue la ocasión del Ejecutivo para anunciar que se promoverá una “querella criminal” para “determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra historia registra”, haciendo alusión al hiperendeudamiento generado durante la administración de Mauricio Macri con el FMI. El Primer mandatario en tono de advertencia dijo:
“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que Para endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo".
Acto seguido a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Banco Central informó que había remitido toda la documentación relacionada al último acuerdo firmado con el FMI a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción, a efectos de determinar si se produjeron perjuicios patrimoniales al Estado nacional.
El Banco Central solicitó “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público". Por su parte, Betina Stein, directora del Banco Central expresó que los exfuncionarios macristas como Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Guido Sandleris podrían verse obligados a responder con su patrimonio si la justicia comprueba la existencia de irregularidades al tomar el crédito con el FMI en 2018. La funcionaria señaló que hubo incumplimientos del Convenio Constitutivo del FMI, hecho que pone en tela de juicio el comportamiento discrecional del organismo, colocándolo en carácter de corresponsable del mega endeudamiento argentino.
Surge a las claras la violación del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI que establece que:
"ningún país miembro debe utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destine a tal fin".
Medida que Macri adopta demasiado tarde, una vez perdidas las chances de reelección, y en un entorno económico caótico marcado por recesión económica, alta inflación y fugas de capitales que señalaban el fin de su desastroso gobierno para las grandes mayorías.
Como parte del compromiso de gobierno del Frente de Todos, es imperioso juzgar con las reglas del debido proceso a los funcionarios responsables de este gran endeudamiento que deberán padecer generaciones de argentinas y argentinos. Sin embargo, no debe soslayarse el papel cómplice del FMI, siguiendo instrucciones del expresidente Donald Trump, que facilitó fondos a Argentina violando el artículo VI de su convenio constitutivo, “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”. según Mauricio Claver-Carone, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollol.
Este hecho deberá ser tenido muy en cuenta para llevar adelante una renegociación digna con el organismo, cuidando de no comprometer el acervo nacional, más allá de nuestras reales posibilidades. Tampoco debe desestimarse llevar adelante acciones legales sobre grupos de actores económicos que fugaron capitales del país, y lo seguirán haciendo protegidos por vericuetos económico-legales que la administración de turno les conceda, sea mediante el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos de valorización financiera o por la escasa propensión de estos sectores a la reinversión productiva en escenarios de superávits comerciales, de lo contrario, se habrá “matado al perro, pero no la rabia”.
“Robar es un delito, pero arruinar el País es traicionar a la Patria.” Gral. Don José de San Martin.
*Abogado UM
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