Una mayoría de legisladores opositores le endilgó “incapacidad moral” para ejercer la primera magistratura del país, a raíz de una causa en trámite que investiga si recibió sobornos por contratos de obras públicas en 2014.
Por Jorge Néstor Juncal
Martín Vizcarra, 57 años, ingeniero limeño, el ahora destituido presidente del Perú, fue sometido a un segundo juicio de vacancia en dos meses, que decidió su suerte al frente de la primera magistratura. La votación resultó claramente favorable a la “moción de vacancia” por 105 votos sobre 130, cuando la Constitución Peruana exige solamente 87 votos para dar curso a la misma. Solamente 19 legisladores se expidieron en contra de su destitución y hubo cuatro abstenciones. El primer proceso de destitución contra Vizcarra fue por la supuesta contratación irregular de un funcionario de tercer nivel. En el segundo proceso de destitución los cargos esgrimidos por el Congreso resultaron mucho más graves. La “incapacidad moral” de la que se lo acusa para ejercer el cargo, tiene origen en una causa donde se investiga si Vizcarra recibió coimas por un monto de 2,3 millones de soles (660 mil dólares) en contratos de obra de irrigación y construcción de un hospital, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua entre los años 2011 y 2014. El hasta ayer primer magistrado de Perú, se defendió de la acusación diciendo “Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. No he cobrado soborno alguno.” Por otro lado, la fiscalía manifestaba su imposibilidad de proseguir la investigación, porque su cargo posee inmunidad, por lo cual, solo podría abocarse cuando terminara su mandato el 28 de julio de 2021. La resolución parlamentaria no se hizo esperar, y de manera sorpresiva, declaró la “permanente incapacidad moral del presidente” y por tanto “la vacancia de la presidencia de la República”, cuando todavía no estaban los votos requeridos para forzar el proceso de destitución. Si bien Vizcarra no contaba con el apoyo del Congreso, ya que no posee partido ni bancada, tuvo niveles de aprobación importantes en la comunidad peruana por sus reformas anti-corrupción, en un país donde los últimos cuatro presidentes fueron investigados por el escándalo Odebrecht. Después de la votación Martin Vizcarra señaló “Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión.”, consciente de la debilidad política en la que se encontraba, luego de los dos procesos de destitución que llevó la oposición en su contra. Recordemos que Vizcarra, asumió en marzo de 2018 en ocasión de que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, había renunciado a la presidencia por cargos de corrupción. Vizcarra supo aprovechar políticamente este hecho, levantando consignas de lucha contra este flagelo, lo que representó en estos dos años, una virtud de su gobierno. Tan es así, que en septiembre del año pasado se dispuso a disolver el Congreso, con el objetivo de desbaratar el accionar de la mayoría fujimorista, que operaba como reaseguro de impunidad, y llamó a elecciones legislativas.
Lo cierto es que el nuevo Congreso elegido en ese proceso es el que ahora lo destituye acusándolo de corrupción. Entre los legisladores que pidieron su destitución, estuvieron los del partido ultranacionalista Unión por el Perú, cuyos principales figuras están acusados de corrupción, y están dirigidos desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano del ex presidente Ollanta- en prisión desde 2004; de Podemos Perú, partido empresarial cuyo líder se hizo millonario con el negocio de universidades de baja calidad y acusado de haber sobornado magistrados para lograr la irregular inscripción de su partido; de un partido que responde a una secta evangélica; de Acción Popular, que ahora reemplaza a Vizcarra, la mayor parte de sus congresistas y un sector minoritario de la bancada izquierdista Frente Amplio sumados a otros parlamentarios.
Quien reemplaza a Vizcarra en el cargo es el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), declarado opositor de Vizcarra y promotor de los procesos de vacancia. Merino deberá asumir en momentos en que Perú se encuentra en una grave crisis sanitaria y económica producto de la pandemia, sumado a la conflictividad social que emerge por la salida anticipada del poder de Vizcarra, cuando le quedaban tan solo ocho meses de gestión. Según una encuesta de hace unos días de la consultora peruana Ipsos, el 79% de la población estaba en contra de interrumpir el mandato presidencial de Vizcarra en esta coyuntura. Otras encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, revelaron una aceptación de entre el 54 y 57 % de la población frente al 22 y 24 % de su reemplazante, el centro derechista Merino. Por lo pronto, Vizcarra deberá enfrentar los cargos de la fiscalía y el proceso judicial sin la inmunidad del cargo, cumpliendo el mismo derrotero de los últimos presidentes que le precedieron.
0 Comentarios