El juez Ramos Padilla citó a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa del “D’Alessiogate” por presunto espionaje ilegal con objetivos políticos y sociales de cara a las elecciones del 2017.
Por Jorge Nestor Juncal (*)
Parece lejano aquel lunes 25 de febrero de 2019 cuando el Juez Federal Alejo Ramos Padilla procesó al falso abogado Marcelo D’Alessio como parte integrante de una asociación ilícita destinada a llevar a cabo actividades delictivas de toda índole como “ablandes, carpetazos, operaciones de inteligencia y producir pánico” sobre personas luego extorsionadas para que “se volvieran arrepentidos o entregaran dinero”. En el marco de esa causa, todavía en trámite, el juez Ramos Padilla amplió el procesamiento contra el ex policía bonaerense Ricardo Bogoliuk, el ex espía Pablo Pinamonti, además de citar a prestar declaración indagatoria a los ex jefes de la AFI Macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presunto espionaje político y social ilegal en territorio bonaerense, y al ex jefe de la policía bonaerense Daniel Salcedo, quien también intervino en el Proyecto AMBA.
Una de las derivaciones de la causa “D’Alessio-gate” se relaciona con las actividades ilegales que realizaron al menos unos 70 agentes de inteligencia contratados para el denominado “Proyecto AMBA”. Bajo una pátina de legalidad, el gobierno macrista pretendía hacer pie en territorio bonaerense para “combatir al crimen organizado”, con el supuesto objetivo de investigar crímenes federales complejos, como es la trata de personas o el narcotráfico. La realidad del expediente judicial dió cuenta que las pruebas recolectadas indicaban que la finalidad del mentado proyecto era hacer espionaje político y social “puro y duro” en el distrito que representa el 37 % del padrón electoral nacional. Este proyecto, al mejor estilo “procesista”, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, especialmente en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza, esta última base a cargo del imputado Ricardo Bogoliuk. A estas 6 bases se le sumaron tres bases preexistentes en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Las tareas de despliegue de las 9 bases de inteligencia eran coordinadas desde la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires por el imputado Pablo Gonzalo Pinamonti, a cargo de esta dependencia provincial. Fue el propio Pinamonti quien en ocasión de su declaración indagatoria dijo que “el efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de Silvia Majdalani”, comprometiendo, de manera indubitable, a la cúpula de la Agencia de Inteligencia.
En su fallo, el juez federal Ramos Padilla indicó que “a partir del relevamiento de los dos discos rígidos caratulados “D1” y “D2”, se halló una enorme cantidad de documentos producidos por las seis Bases AMBA”.
El magistrado detalla con minuciosidad, las organizaciones políticas y sociales donde pudo detectarse tareas ilegales de inteligencia, sobre información que provino de la Base Ezeiza, a saber: CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo, Frente Popular Darío Santillán, Furia Feminista, Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, Frente Socialista Popular, Encuentro Popular, ONG Ayudemos a los Chicos, Cooperativa La Tribu, Corriente Pueblo Unido, Asociación Comunitaria Sur, Agrupación Néstor Kirchner, Unión de Juventudes Socialistas, Asociación Civil Latinoamericana de Vecinos de Esteban Echeverría, Organización Madres del Trueque. También fue el turno de los partidos políticos: Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente 1 País, Cumplir, Cambiemos, Compromiso con Vos, Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido Obrero, Izquierda Socialista, CO.PE.BO. Lo cierto es que el nivel de intromisión que llevaron a cabo estos agentes sobre dirigentes políticos, organizaciones sociales, comedores populares y manifestantes que pedían la aparición con vida de Santiago Maldonado en 2017, fue además de ilegal, desproporcionada e inmoral por donde se lo mire.
En un año electoral clave como lo fue el 2017, la AFI Macrista no se privó de infiltrarse en organizaciones parroquiales, comedores infantiles, comedores en jardines y escuelas primarias públicas y privados, con el fin de investigar a cuantos niños y niñas alimentaban, de donde provenían las mercaderías, si eran del municipio, quien era el contacto, con que frecuencia llegaban, si recibían donaciones, de quienes las recibían, si había personal realizando tareas de asistencia social con sueldo o si se trataba de un emprendimiento voluntario, y por sobre todas las cosas, si respondían a organizaciones políticas. Los comedores que fueron espiados fueron Todos por los chicos (Morón), La Amistad (Moreno), El Arca de Noé (Moreno), Arco Iris, Volver a empezar y San Cayetano (Hurlingham). La tarea de relevamiento lo realizaban policías bonaerenses con conocimiento del territorio. La obsesión inquisitiva de estos agentes apuntaba a determinar con que asiduidad recibían la asistencia y si los comedores recibían alguna subvención estatal. El juez Ramos Padilla logró desentrañar la lógica miserable de este espionaje político, que desde la cúpula de la AFI, Majdalani y Arribas, describían como “prácticas clientelares” de los barones del conurbano con las que había que terminar. El día de la niñez de 2017 no fue la excepción, y la AFI macrista realizó trabajo de campo monitoreando distintos festejos que se dieron en las barriadas populares. Dentro de las pruebas aportadas a la causa se encontraron imágenes del Movimiento Evita o el MTD Esteban Echeverria en plena celebración, o una mesa con regalitos envueltos en papeles brillantes que había preparado la Cooperativa Corriente Pueblo Unido – MTD Aníbal Verón en El Jagüel. El proyecto AMBA estaba íntimamente vinculado al destino político de Cambiemos en el distrito más importante del país, pero principalmente asociado a la figura de la ex gobernadora Vidal, quien empezó a ver sepultado su proyecto político, cuando pasadas las elecciones de medio término de aquel año 2017, sospechó que había sido víctima de espionaje de su espacio político. Como diría mi abuela Ascensión “quien a hierro mata, a hierro muere”.
“Yo soy de los hombres que piensan que el que gobierna ha de tener en su alma el sentido innato de la justicia. Sin esa condición ningún hombre puede hacer un buen gobierno, y debe tener también en su corazón el amor al prójimo.” Juan D. Perón
(*) Abogado UM
La niñez vulnerada
La miserabilidad de las operaciones de esta estructura mafiosa no tuvo límites frente a las necesidades más elementales de los desheredados del sistema, las niñas y los niños carenciados. Aquellos que no solo eran castigados hasta el hartazgo con políticas económicas y sociales que los iban desplazando sistemáticamente hacia el exterminio, sino que además desde el Estado iban por lo más sagrado de los humildes, su dignidad.En un año electoral clave como lo fue el 2017, la AFI Macrista no se privó de infiltrarse en organizaciones parroquiales, comedores infantiles, comedores en jardines y escuelas primarias públicas y privados, con el fin de investigar a cuantos niños y niñas alimentaban, de donde provenían las mercaderías, si eran del municipio, quien era el contacto, con que frecuencia llegaban, si recibían donaciones, de quienes las recibían, si había personal realizando tareas de asistencia social con sueldo o si se trataba de un emprendimiento voluntario, y por sobre todas las cosas, si respondían a organizaciones políticas. Los comedores que fueron espiados fueron Todos por los chicos (Morón), La Amistad (Moreno), El Arca de Noé (Moreno), Arco Iris, Volver a empezar y San Cayetano (Hurlingham). La tarea de relevamiento lo realizaban policías bonaerenses con conocimiento del territorio. La obsesión inquisitiva de estos agentes apuntaba a determinar con que asiduidad recibían la asistencia y si los comedores recibían alguna subvención estatal. El juez Ramos Padilla logró desentrañar la lógica miserable de este espionaje político, que desde la cúpula de la AFI, Majdalani y Arribas, describían como “prácticas clientelares” de los barones del conurbano con las que había que terminar. El día de la niñez de 2017 no fue la excepción, y la AFI macrista realizó trabajo de campo monitoreando distintos festejos que se dieron en las barriadas populares. Dentro de las pruebas aportadas a la causa se encontraron imágenes del Movimiento Evita o el MTD Esteban Echeverria en plena celebración, o una mesa con regalitos envueltos en papeles brillantes que había preparado la Cooperativa Corriente Pueblo Unido – MTD Aníbal Verón en El Jagüel. El proyecto AMBA estaba íntimamente vinculado al destino político de Cambiemos en el distrito más importante del país, pero principalmente asociado a la figura de la ex gobernadora Vidal, quien empezó a ver sepultado su proyecto político, cuando pasadas las elecciones de medio término de aquel año 2017, sospechó que había sido víctima de espionaje de su espacio político. Como diría mi abuela Ascensión “quien a hierro mata, a hierro muere”.
“Yo soy de los hombres que piensan que el que gobierna ha de tener en su alma el sentido innato de la justicia. Sin esa condición ningún hombre puede hacer un buen gobierno, y debe tener también en su corazón el amor al prójimo.” Juan D. Perón
(*) Abogado UM
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