La nacionalización de YPF y el retorno de los fondos buitres, esta vez sobre el proceso de expropiación de la petrolera insigne de Argentina. La justicia neoyorkina decidirá si el País debe pagar indemnización multimillonaria a Fondo Buitre que representa a accionistas españoles. El legado de Perón, hoy y siempre vigente.
Un poco de historia
Dice la historia que el 16 de octubre de 1922, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el General Enrique Mosconi fue nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y la extracción de petróleo. En 1925 Mosconi consideró la posibilidad de una sociedad mixta estatal y privada pero, a raíz de su experiencia al frente de la petrolera estatal, se retractaría más tarde: No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio […] sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital privado.
Todavía resuena en nuestra memoria aquel 16 de abril de 2012 cuando Cristina anunció la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF S.A., en manos de la petrolera española Repsol. Bien vale destacar las palabras de Cristina ante semejante acontecimiento histórico:
No estamos ante un hecho inédito, en América Latina somos el único país que no maneja sus recursos naturales…El modelo que hemos elegido no es de estatización, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Vamos a hacer una conducción de la empresa absolutamente profesionalizada.
El proyecto llevado al Congreso establecía que de las acciones expropiadas, el 51% corresponderían a la Nación y el 49% a las provincias petroleras. El resto de los inversores conservaría su participación pero no formaría parte de la gestión. Recordemos que en la gestión menemista se había vendido YPF a la petrolera Repsol, en el marco de las directivas ideológicas del Consenso de Washington. Tanto la fragmentación de la petrolera estatal previo a su privatización como la desregulación de la actividad hidrocarburífera, respondieron a las demandas del capital concentrado y a la necesidad del gobierno menemista de cubrir el déficit fiscal y los pagos de la acuciante deuda externa. Bajo la gestión de Repsol, se reduciría sistemáticamente la inversión, al compás de las cuantiosas remesas que la multinacional petrolera enviaba a España. Esta situación obligó a la Argentina a tener que importar cada vez mayor volumen de combustibles. Una política de vaciamiento de la empresa petrolera. Tan es así que Cristina puso en blanco sobre negro, aquellas maniobras que mostraban como Repsol había postrado a YPF: entre 1999 y 2001 YPF tuvo una utilidad neta de 16.450 millones de dólares, girando dividendos al exterior, en ese período, por un monto de 13.246 millones de dólares.
“Ahí están exactamente, en la distribución de los dividendos y en la no inversión, las claves de por qué hoy tenemos que estar importando…”.
La iniciativa de la expropiación tuvo buena acogida en ambas cámaras del Congreso Nacional y cuatro días después de la sanción, asumió como gerente general de YPF, Miguel Galuccio. Repsol no se quedó de brazos cruzados, protestó la expropiación y demandó a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), En resumidas cuentas, se logró un acuerdo con Repsol en el que Argentina compensaba el 51 % de las acciones de YPF mediante una indemnización de 5.000 millones de dólares, para lo cual el Estado Nacional tuvo que emitir nuevos bonos Bonar 24, Bonar X y Discount 33 y quedó zanjada la cuestión. Si bien el 51 % de las acciones de Repsol pasaron a manos del Estado nacional, no se expropiaron todas las acciones que tenían los españoles, que se quedaron con un 12 por ciento de YPF que le otorga la facultad de nombrar a dos directores, porque el objetivo oficial era solo pasar a controlar la empresa.
La vuelta de los Fondos Buitres
En principio se trataría de dos demandas que se iniciaron en 2015 impulsadas por Burford Capital, un fondo de inversión que cotiza en la Bolsa de Londres y se especializa en litigios, que por su complejidad, requieren un expertise propio de un “fondo buitre”. Burford argumenta que Argentina perjudicó a los inversores minoritarios de YPF cuando estatizó el 51 % de las acciones de YPF, por el cual había pagado 5.000 millones de dólares en bonos. Según la presentación de Burford ante la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, EEUU, el Estado Nacional debió hacer una oferta pública de adquisición (OPA) para los demás accionistas, hecho que nunca existió. Este “fondo buitre” investido como patrocinante de dos accionistas minoritarios de YPF: Petersen Energía y Petersen Energía Inversores, empresas que al momento de la demanda se encontraban quebradas y no tenían nada que ver con el Grupo Petersen local, y Eton Park Capital. La estrategia de los abogados del Estado Nacional e YPF, fue iniciar dos demandas similares en los tribunales de Madrid, en España, contra Burford, con el objetivo de probar que éste fondo había comprado el “derecho a litigar” al liquidador o síndico de la quiebra de estas empresas fallidas, bajo la figura de “cesión de créditos” para luego presentarse en la jurisdicción neoyorkina. Este fondo de inversión persigue el cobro de una indemnización de 3.000 millones de dólares, calculo estimado que surge de la diferencia entre el precio al que vendieron los bancos acreedores de las empresas quebradas y el que hubiera surgido de una eventual Oferta Pública de Adquisición (OPA), que nunca se hizo, que rondaría en 30 dólares por acción. El 13 de julio último, la jueza Preska tomó la decisión de llevar adelante el procedimiento llamado “Discovery”, de acuerdo a lo solicitado por las partes en el juicio, decisión que puede leerse como un “importante empate”, si vamos a considerar como se mueven las cortes de Nueva York respecto a algunos actores financieros. Este procedimiento planteado por las partes en conflicto obliga a la Justicia de EEUU a investigar un hecho puntual que servirá para determinar si corresponde que Argentina deba pagar un resarcimiento multimillonario a este fondo Buitre. Mientras que Argentina e YPF solicitaron que la investigación se centre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de la petrolera, Burford pidió se investigaran los supuestos daños económicos que recayeron sobre las empresas Petersen, que detentaban el 25 % de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol. Por su parte, los abogados de Argentina e YPF, insistieron en que la causa no debe tratarse en EEUU sino en Buenos Aires, argumentando que en el actual contexto de pandemia, sin la declaración de los ex funcionarios, las acusaciones no pueden ser respondidas. Finalmente, la jueza Preska dispuso que el procedimiento “Discovery” comience de inmediato y concluya en el mes de marzo próximo, mientras el inicio del juicio está previsto para junio de 2021.
Fondos Buitres o Soberanía jurídica
Debemos tomar este caso como “lección aprendida” para casos ulteriores de estatización de empresas de servicios públicos y demás fuentes de energía, que más temprano que tarde, deberemos retornar al Estado cerrando un ominoso capítulo de la historia reciente. Nuevamente los fondos buitres se valen de la jurisdicción de Nueva York con la intención de vulnerar nuestra soberanía nacional, pretendiendo se invalide por la fuerza de un Tribunal extranjero, una ley votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. Y que esto, los habilite a vulnerar nuestro patrimonio nacional y sentar un precedente disciplinador para todos los países en desarrollo que intenten tomar control sobre sus recursos naturales. Resulta inadmisible que estos fondos “carroñeros” se valgan de estratagemas judiciales muy discutibles, como la compra de juicios en terceros países, para deslegitimar el estado de derecho y la división de poderes que ostenta nuestra Democracia. Como argentinos que somos, no podemos tolerar se haga “tabula rasa” sobre hechos que ya fueron legalmente sustanciados y dirimidos hace tiempo, como la expropiación de las acciones de Repsol, y debemos dar batalla y reafirmar nuestra soberanía política. Como diría el Gral. Perón:
Nosotros no discutimos hegemonías ni supremacías. Queremos trabajar en paz para nosotros mismos y para nuestra posteridad. No ambicionamos sino lo justo: nuestra independencia y nuestra soberanía. Por ella lucharemos si es preciso. Por otras causas, no.
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