El día de la independencia se vio empañado por manifestantes anticuarentena que agredieron violentamente a periodistas. Analizamos las actitudes violentas, sus cómplices, el impacto sobre el orden legal y los aspectos políticos que se relacionan con los hechos.
Por Leandro Mijaloski (Politólogo UBA-FLACSO).
Los hechos acontecidos el pasado 9 de julio en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, revisten una gravedad considerable por múltiples factores, pero en estas líneas decidimos analizar tres aspectos importantes que se relacionan con dichos hechos.
En primer lugar estos hechos mencionados dejaron en evidencia la debilidad del principio jurídico de igualdad ante la Ley. Hemos visto como el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto su brazo Ejecutivo, como el Judicial, y la Justicia Federal con competencia en el lugar de los hechos, se transformaron en cómplices una vez más de la degradación de dicho principio jurídico. Todos pudimos ser testigos en tiempo real de la barbarie. Agresiones físicas a periodistas en nombre de la “libertad de expresión”, destrucción de un móvil de televisión, corridas a un cronista que escapaba, micrófono en mano, de una turba envalentonada que solo toma coraje a sabiendas de la impunidad de la que goza. Los paladines de la libertad de expresión y la defensa de la propiedad privada pusieron en jaque una vez más sus convicciones, a tal punto que irrumpieron y destrozaron un comercio con el solo fin de continuar la golpiza al periodista. Los gritos desesperados del dueño del comercio, no tuvieron la misma fuerza que la defensa de la propiedad privada de la familia Vicentin, dejando en evidencia que esa defensa también cambia de acuerdo a quien sea el propietario y sus influencias en el poder real.
Todos estos acontecimientos ocurrieron en el lugar más vigilado de la República Argentina. Cientos de cámaras dispuestas a lo largo de la traza de la Avenida 9 de julio nos dan la certeza que el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad, observaba los hechos como espectador de un obra teatral, sin atinar respuesta alguna y seguramente esperando ordenes de superiores que nunca llegarían porque también eran cómplices de un Estado Porteño despreocupado por garantizar el orden legal.
La igualdad ante la Ley no es tal, sino que algunos son más iguales que otros y al parecer también gozan de permitidos ilegales, por el simple hecho de defender los intereses de la clase dominante Argentina. Solo como ejercicio nos podríamos plantear que hubiese pasado si los vándalos serían “negros peronista”, y si el móvil televisivo y los periodistas agredidos serían de TN. Seguramente la policía de la Ciudad hubiese actuado con rapidez y rudeza como cuando reprimía jubilados en diciembre del 2017.
En segundo lugar, tenemos que analizar más el aspecto político de la cuestión. La pasada marcha no es un acontecimiento aislado, sino que se suma a una serie de movilizaciones que la derecha viene realizando en los últimos años. Esto constituye una nueva característica de la derecha Argentina, está dispuesta a disputar la presencia en el territorio. Este fenómeno es relativamente nuevo, ya que históricamente la presencia en la calle estaba dominada por el Peronismo.
Si bien el aumento de la participación política, es generalmente virtuoso para un sistema Democrático, en el caso argentino hay ciertos elementos que deben encender las luces de alarma. El discurso virulento y cargado de odio con el que se promueven las convocatorias. La hegemonía mediática que se encarga de alimentar y propagar ese discurso. La defensa de los intereses económicos de la clase dominante como única motivación y la respectiva ausencia de un proyecto político y de país, que sirva para identificar los objetivos buscados con la legítima participación política. Es decir, que la mayoría de las personas que se convocan en esas manifestaciones, desconocen la ausencia de proyecto político y solo pasan a ser el instrumento en la defensa de los negocios de la clase económica dominante.
La combinación de todos estos elementos y su prolongación en el tiempo, pueden resultar verdaderamente peligrosos para el futuro de la democracia Argentina. El peligro existe en la medida en que se fortalezcan posiciones de extrema derecha, poco amigables con el sostenimiento del orden democrático. Sobran ejemplos en Sudamérica del surgimiento y auge de posiciones de extrema derecha en el último tiempo, suficientes como para preocuparnos por el futuro democrático del país y la región.
En tercer lugar, y como consecuencia del análisis anterior, se encuentra el doble desafío que debe enfrentar el Gobierno de Alberto Fernández para evitar el fortalecimiento de las posiciones de extrema derecha. Ese desafío se encuentra en poder articular la política de su Gobierno entre la necesaria moderación que implica tener una base de apoyo amplia, ubicada mayoritariamente en el centro del espectro político, con una firmeza en la decisión y la conducción política. Firmeza necesaria para contrarrestar el peso político de una clase dominante y su dirigencia política opositora dispuesta a favorecer posturas de extremismo político.
Es por ello, que superar con éxito este doble desafío se debe constituir para el gobierno de Alberto Fernández en un objetivo prioritario para el diseño de las políticas públicas, su dialéctica discursiva y su comunicación estratégica, tendientes a mejorar las relaciones de fuerzas actuales y así garantizar el regreso a un modelo de acumulación más amigable con la redistribución de la riqueza.
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