La violencia policial emerge como heces de las cloacas y en medio de una pandemia. Entre los casos, se suma el del joven catanense de 18 años, Lucas Verón, que fue asesinado de un balazo por dos policías que además eran sus vecinos en Villa Scasso. Facundo Castro aún continúa desaparecido desde el 30 de abril, y lo último que se sabe de él está reflejado en una foto de espaldas, frente a un móvil policial. Es hora de discutir un nuevo rol de las policías provinciales y comunales.
Autor invitado: Néstor Romero*
Lucas Verón vivía en el barrio catanense de Villa Scasso, un barrio humilde ubicado al fondo de la avenida Calderón de La Barca, a la altura del kilómetro 28 de la Ruta Nacional 3. El viernes 9 de julio estaba cumpliendo sus 18 años. Cerca de las 1:50 de la madrugada, fue con un amigo a un maxikiosco cercano con el fin de comprar unas gaseosas para celebrar. En el recorrido, la moto en la que se trasladaban fue impactada por un móvil del Comando de Patrullas –sin patente y con las luces apagadas- que sin motivo comenzó a perseguirlos. En el patrullero iban los policías Ezequiel Benitez y Cintia Duarte de la fuerza bonaerense. Los pibes cayeron al piso, intentaron huir de la escena en dirección a la casa de Lucas, a una cuadra y media del lugar donde se dio el suceso. Desciende Benitez y efectúa entre dos y tres disparos, uno de ellos –según indica la autopsia realizada por la Morgue Judicial de Lomas de Zamora- le atravesó el pecho, ocasionándole un orificio de entrada en el pecho y de salida en la espalda. Lucas corrió 20 metros herido de gravedad hasta que se desvaneció, su amigo de 17 años logró llegar a la casa de la familia que lo trasladó en un auto particular al Hospital “Simplemente Evita”. Al llegar, Lucas ya había muerto.
Los policías habían huido: no dieron aviso de lo ocurrido, no se preservó la escena ni se rastrilló en el lugar para recolectar evidencia y finalmente determinar qué fue lo que ocurrió. Benítez y Duarte –ambos de 26 años- son pareja y tienen 3 hijos. Viven en Villa Scasso como Lucas, cumplían funciones en la comisaría de González Catán -donde al día de hoy se encuentran detenidos-, y son reconocidos en el barrio por varios hechos de violencia policial contra varios jóvenes del barrio.
Cinthia, hermana de Lucas Verón, afirmó que los policías viven a dos cuadras de su casa y que “él tiene antecedentes porque maltrata a los chicos; a uno le gatilló en la cabeza y le pegó”. Tanto su familia como los organismos de Derechos humanos que la acompañan, denuncian presiones al amigo de Lucas para que cambie su declaración, obligándolo a decir que habían ido a robar con el fin de que la caratula cambie su calificación legal de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, que contempla una pena de prisión perpetua, a “homicidio en ocasión de robo” a la hora de ser elevada a juicio.
En la jornada del miércoles se conoció que la Fiscalía General de La Matanza, a cargo de la Fiscal General Patricia Ochia, finalmente dio lugar al pedido formal de la familia de la victima de apartar de forma provisoria al fiscal Tathagian y a la Policía Bonaerense de la investigación. También solicitaron formalmente el apartamiento del comisario a cargo de la Comisaría Segunda de González Catán por la coacción realizada al principal testigo del hecho.
No es éste el primer caso de Gatillo Fácil durante el aislamiento por la pandemia en Argentina. Además del caso de Lucas Verón en González Catán, fuerzas de seguridad asesinaron a Luis Espinoza (en Monteagudo, Tucumán el 15 de mayo), Raúl Dávila (de 22 años, murió en un incendio en una comisaría de Chascomús el último 10 de julio), Florencia Magalí Morales (hallada ahorcada en la Comisaría 25° en San Luis, el 5 de abril), Franco Maranguello (de 16 años, detenido por violar el aislamiento y hallado muerto en una celda de la Comisaría de Villa Mercedes el 24 de abril), José Antonio Ávila (vendedor ambulante de 35 años asesinado en Villa El Libertador de un disparo en el abdomen por un efectivo de la División Motocicletas de la policía cordobesa el 4 de julio), Facundo Escalso (de 20 años, asesinado por efectivos de la Gendarmería de dos disparos por la espalda y uno en el brazo en la puerta de un merendero del Bajo Flores el 17 de junio), Augusto Iturralde (en un intento de robo, fue asesinado de un disparo por la espalda en manos de un agente de la Policía de la Ciudad que disparó 11 veces el 14 de junio en la localidad de Plátanos), Lucas Barrios (asesinado de 18 balazos por el efectivo de la Policía Federal Osvaldo Rendichi en la Isla Maciel el 30 de mayo), Alan Maidana (asesinado de 5 disparos por Germán Bentos, miembro de la PFA fuera de su horario de servicio con su arma reglamentaria el 24 de mayo, Rubén Sarso (asesinado por una mujer efectivo de la Policía de la Ciudad, acusado de intentar robar una rueda de un vehículo en CABA el 27 de abril), Gaston Mirabal (asesinado en Córdoba el 3 de junio), Walter Ceferino Nadal (de 43 años, murió asfixiado con la rodilla de un policía en su nuca –al igual que George Floyd en EE.UU.- en pleno microcentro tucumano el 24 de junio), y Brandon Romero (asesinado de un disparo por un efectivo de la Policía bonaerense el 5 de julio);
y entre tantos otros casos, al día de hoy Facundo Astudillo Castro, de 22 años, aún permanece desaparecido desde el 30 de abril cuando se dirigía a Bahía Blanca.
En una entrevista con el sitio ANRed, María del Carmen Verdú (militante y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional [CORREPI]) dijo que desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus, los primeros 100 días de aplicación de esa normativa recrudecieron los casos de violencia policial y gatillo fácil. “CORREPI publicó más de 60 reportes y notas, en las que dimos cuenta de todo tipo de violencias de las fuerzas de seguridad a lo largo y a lo ancho del país, con golpizas, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas; todos hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios”, expresó.
Además, señaló que la mayoría de los casos sólo trascendió en los medios comerciales de comunicación con títulos como “motochorro abatido” o similares, “aunque tengan cuatro balazos o más por la espalda y las únicas vainas sean de la reglamentaria oficial”. También resaltó la dificultad que genera el contexto de pandemia para relevar los casos: “son casi una veintena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo”.
Los últimos meses, las prácticas abusivas en las intervenciones policiales se han agudizado y el control político y judicial es tan bajo como deficiente. La seguridad en Argentina se degradó producto de peligrosos mensajes emanados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en tiempos de Cambiemos, lo que significa que es importante y necesario una intervención política macro, con una mirada que no se limite a trabajar sobre el “caso a caso”, sino más bien generar mecanismos para una reforma integral del sistema.
Es necesario un compromiso político de todos los estratos de la política Argentina. De los gobiernos Nacional, Provinciales y municipales que impulsen reformas integrales y de fondo que generen fuerzas de seguridad que sean eficaces también en el respeto por los derechos humanos; con controles externos para investigar la actividad policial y desarrollar políticas de reentrenamiento de las fuerzas. El tiempo es ahora.
* Editor de El Catanense:
* Editor de El Catanense:
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