Vicentín: Prosperidad al calor de las dictaduras cívico-militares. Su vínculo promiscuo con el Macrismo. Revés judicial a la intervención dispuesta por el Poder ejecutivo. El gobernador Perotti le pidió al juez concursal, la intervención judicial del grupo Vicentin para conformar una empresa “nacional mixta”.
El grupo Vicentin tiene un origen familiar en 1929 como almacén de ramos generales y algodonera en Avellaneda, norte de Santa Fe. Entre 1966 y 1969, durante la dictadura de Onganía, la empresa incorpora en la molienda de semillas, el proceso de extracción por solventes. En 1976, año que toma el poder la dictadura genocida, el grupo pone en marcha una planta de molienda de soja en el mismo complejo. En enero y noviembre de ese mismo año, la Familia Vicentín entregó a 22 obreros de la planta a los grupos de tareas de la Fuerza Aérea, muchos de ellos llevados desde adentro mismo de la fábrica, previamente marcados por el jefe de personal, para luego despachar telegramas de despidos a los trabajadores que habían hecho desaparecer.
Estos delitos de lesa humanidad están siendo investigados por la justicia federal de Santa Fe y Reconquista. A fines de 1979 comienza a funcionar una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, sur de Santa Fe. En forma simultánea la empresa inicia operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón localizadas en zonas críticas de cosecha. Sin embargo, con la elaboración y exportación de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, en San Lorenzo a orillas del Río Paraná en 1979, hizo catapultar a la empresa como nunca antes. Tiempo después la sociedad controlada “Algodonera Avellaneda S.A.” incursiona en el rubro textil adquiriendo una nueva planta dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción. Años más tarde, Vicentin suma 3 plantas del complejo frigorífico Friar, que cumplirá un rol protagónico en el mercado interno y en la exportación de carnes. El menemismo le otorgó la terminal Puerto de Rosario que es por donde se vende mas toneladas de soja en granos en el mundo. Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A., como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión. El grupo suma su cuarta planta de molienda en San Lorenzo, elevando la capacidad de molienda de 21.000 toneladas diarias. Resulta difícil de admitir que habiendo sido Vicentín, la sexta agroexportadora argentina, termina en una red de sedes, sociedades vinculadas y sociedades “off shore”, para luego caer en una lastimosa cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019. Esta situación de “estrés financiero”, según dicen sus accionistas, le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por unos US$ 1.350 millones, casi nada. Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor. El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2.368 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto. El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de $18.128 millones. Claudio Lozano director del BNA, manifestó que al asumir su cargo como tal en la institución, la cuenta corriente de Vicentin del BNA Suc. Reconquista, “…ya estaba vacía, de agosto a diciembre entraron 890 millones de dólares en diferentes meses, que es el ingreso de dólares que tenía por las exportaciones, eso es demostrativo que Vicentin exportó, en realidad los dólares que entraron multiplicaban por tres el crédito que le había otorgado el Banco Nación y esa cuenta además actuaba en garantía del crédito…”. Resulta paradójica la pasividad del ex Director del BNA de la gestión “Cambiemos”, Javier Gonzalez Fraga, dejando pasar la oportunidad de hacerse de esos dólares, cuando tuvo oportunidad y tiempo suficiente para hacerlo. Tal como lo indica Lozano: “…La irregularidad es manifiesta y obviamente, tiene una sola explicación que es el fuerte vínculo político que tenía la conducción de la empresa Vicentin, Alberto Padoán y Nardelli con el Presidente Macri, no hay mucha discusión”. El financiamiento a las campañas electorales del PRO del 2015, alianza Cambiemos 2017 y Juntos por el Cambio 2019, por un total de $ 27,5 millones, puede explicar lo promiscuo de esta relación. Gustavo Nardelli, directivo de Vicentin, llegó a formar parte del equipo que impulsó la candidatura a gobernador de Miguel del Sel en Santa Fe y luego especuló con postularse el mismo como candidato. De allí que Lozano advierta sobre las supuestas maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el grupo empresario que:
“…está claro que las maniobras que Vicentin ha llevado adelante, tanto con sus subsidiarias del Uruguay, del Paraguay, con la empresa “off shore” que tiene en Panamá y demás, son claramente maniobras dudosas, maniobras que probablemente encubran fraudes y que demuestren con claridad que han derivado buena parte de los dólares al exterior…”.
El viernes pasado al mediodía, el juez Fabian Lorenzini del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, donde se encuentra radicada el concurso preventivo de Vicentin SAIC, a instancias de una presentación que hicieran los accionistas de la empresa, dictó una resolución donde se declaró incompetente respecto al planteo de inconstitucionalidad del DNU 522/2020, que disponía la intervención del Estado por 60 días, pero resuelve a favor de aquellos con una medida “autosatisfactiva”, que no se encuentra legislada en el código de procedimientos civil y comercial. La polémica medida del juez es restituir la administración de la empresa a sus directivos, por un plazo de 60 días, argumentando que “…su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales” y además agrega que la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo “…ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse…que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”. Esto es desconocer la autoridad presidencial, porque si bien el juez tiene la potestad de decretar la inconstitucionalidad del DNU, no lo hace y se declara incompetente, pero se cree con jerarquía suficiente para no cumplir con una norma contemplada en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Por otro lado, se arroga facultades de otorgar el rol de meros “veedores controladores” a los “interventores” designados por el PEN, basándose en la Ley concursal. Como bien lo señala la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort,
“…el juez dijo que no podía declarar la inconstitucionalidad del decreto, pero luego hace un absurdo jurídico porque si no declara la inconstitucional, entonces es un decreto válido. Sin embargo, el juez llama a no cumplirlo".
Por otra parte, el presidente AF consideró que el fallo del Juez Lorenzini es “un dislate jurídico de magnitud” y apunto “sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa” que la intervención estatal puede darse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación”. A la vez, encomió la propuesta presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti diciendo “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos dé la derecha.”, pero “si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación” El gobernador Perotti arbitró los medios para que sea la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, a través de la Dra. Maria Victoria Stratta, funcionaria del organismo, quien pidiera la intervención judicial de Vicentin S.A.I.C. en el concurso preventivo, a los efectos de avanzar hacia el “rescate” de la empresa y permita arribar a un acuerdo que permita la conformación de una empresa “nacional mixta”, con participación de productores y cooperativas.
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