Denuncia penal por espionaje ilegal del Macrismo.
En el día de ayer, Cristina Caamaño interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hizo efectiva una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta violación a la Ley de Inteligencia Nacional, en el marco de un “proceso sistémico de investigación ilegal” llevado a cabo por la AFI de Gustavo Arribas contra un casi centenar de personas de la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas, fuerzas policiales y un gobernador. La causa presentada de manera remota ante la Cámara Federal, tras su sorteo recayó en el Juzgado Federal N° 8 del Juez Marcelo Martinez Giorgi y del Fiscal Jorge Di Lello, quedando registrada bajo el número 2916/2020, y alude a los delitos de “violación de correspondencia” y “violación del sistema informático”.
La Investigación interna realizada por la interventora Caamaño determinó que, al menos desde el 2 de junio de 2016, la AFI de Gustavo Arribas realizó tareas de espionaje sobre correos electrónicos privados de 88 personas desde una computadora del propio organismo. Dicha información fue rescatada de un disco rígido que había sido previamente borrado, y es de esperar que, mediante la acción de la Justicia, puedan surgir otros elementos de prueba de alto impacto para la opinión pública. Además de los delitos mencionados arriba, se investigará la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 22520), en sus artículos 4 inc. 2, 5 y 43 de dicha ley. Del texto de la denuncia surge que las tareas de inteligencia detectadas en el disco rígido no fueron “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado, solo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”, por lo que “debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.
El artículo 5 de la Ley de Inteligencia Nacional dice que: “Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario.”. El disco rígido se convertirá en un elemento probatorio irrebatible que servirá para evidenciar que todas las tareas de espionaje que se encuentran allí almacenadas no estaban ordenadas, ni avaladas por ningún magistrado. En la misma denuncia de la AFI se solicita al Juez que llame a declaración indagatoria al agente que estaba a cargo de esa computadora, a otros cinco integrantes del organismo, la ex subdirectora Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, como presunto responsable directo de todo lo actuado en violación de la ley 25520, además como “bonus track”, se extiende el pedido de indagatoria al ex presidente Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
Lo que resulta sorprendente de la investigación llevada a cabo por la Interventora, que a partir de un “análisis de rutina”, en el disco rígido “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco – pendrives -, en los que se almacenaba información obtenida sin orden judicial.”, para luego abundar en la información diciendo “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla”. El escrito de la denuncia expresa que no fueron hechos aislados, sino que se trató de “un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados” realizado de manera flagrante e ilegal. Hoy miércoles 28 de mayo se reunirá en el Congreso, de forma “presencial” por tratarse de información delicada y confidencial, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia a cargo del diputado Leopoldo Moreau, a efectos de tratar este caso de extrema gravedad institucional. Dentro de los 88 espiados por el organismo está nuestra ex Intendenta Verónica Magario, junto a Rodolfo Tailhade, Martin Sabatella, Carlos Tomada, Elizabeth Gomez Alcorta, Ricardo Forster, Gabriela Cerruti, Hector Daer, Omar Perotti, Carlos Raimundi, pero también los hay de “tropa propia” como Laura Alonso, Ernesto Sanz, Nicolas Massot, Mario Negri, Luis Majul, Angel Rozas, Mario Barletta, Alberto Weretilneck, y fuerzas policiales como la Comisaría 3ra. Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral Policía Bonaerense, Policía Lanus, Policía Científica. Patricia Bullrich, que preside el club de los “Profetas del odio”, manifestó respecto a la denuncia que “Todos los sistemas de toma de teléfonos los controla la Justicia y es todo con orden judicial.
Me parece absolutamente ridícula, me suena todo un poquito Superagente 86”, cuando lo que resulta ridícula es su declaración, porque en ningún momento la denuncia de la interventora Caamaño menciona la existencia de audios o escuchas, sino solo correos electrónicos. De todas maneras, la titular del PRO debería recordar que su jefe político fue imputado y procesado en la causa N° 12466/2009 “James, Ciro Gerardo y Otros sobre Asociación Ilícita”, por escuchas ilegales, y que luego el Juez Casanello lo “blanqueó” ante la ciudadanía, sobreseyéndolo por inexistencia del delito cometido, transcurridos veinte días de haber asumido la primera magistratura, resultando un hecho por demás escandaloso.
“Sobre las cenizas de los traidores construiremos la Argentina de los humildes”
Cierro con las palabras de Evita que parecen escritas como un legado sin tiempo para nuestra Patria, que de tanto andar, todavía no ha calmado su sed de justicia: “La Patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La Patria es el Pueblo y nada puede sobreponerse al Pueblo sin que corran peligro la libertad y la Justicia.”
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